El decreto de funcionarios

Los Gobiernos, todos, tienen tendencia a abusar de los decretos ley para no tener que enfrentarse a la ‘farragosa’ tarea de las tramitaciones parlamentarias. Cuando se tiene mayoría absoluta, propia o pactada, la convalidación de un decreto no tiene mayor inconveniente. Cuando no se tiene esa mayoría es cuando a veces surgen los problemas.

En pleno agosto, la Junta de Andalucía ha aprobado un decreto ley para reconocer la antigüedad de los trabajadores interinos a la hora de ascensos y concursos de traslados. De esa forma, los funcionarios interinos y los fijos tendrían la misma puntuación por la experiencia adquirida en sus puestos de trabajo. La medida en sí es buena y llevaba la bendición de la mayoría de los sindicatos. Pero el Gobierno andaluz ‘olvidó’ un pequeño detalle: no eran los sindicatos quienes tenían que hacerla posible, sino el Parlamento. El decreto recibió calabazas: 46 votos a favor (PSOE), 48 en contra (PP y Podemos) y 12 abstenciones (C’ s e IU).  La medida beneficiaba a 23.000 funcionarios, que ahora sufren las consecuencias del desacuerdo. Comisiones Obreras ha puesto el grito en el cielo y proclama que “el personal funcionario vuelve a pagar los errores de la Administración y las nefastas consecuencias de la política de rencores en el Parlamento andaluz”. Culpa directamente a  PP y Podemos.

El PP-A ha anunciado que presentará su propia proposición de ley. Podemos, por su parte,  está recibiendo muchas críticas por haber tumbado un decreto que apoyaba USTEA, su sindicato amigo, en el que además milita su secretaria general de Andalucía. Teresa Rodríguez, para huir de la quema, se ha sacado de la manga una propuesta de urgencia que no es otra cosa que una mala copia de lo que no ha querido convalidar.  Los decretos ley fueron creados para situaciones excepcionales. Pero los Gobiernos –insisto, todos- hacen uso y abuso de ellos de una forma descarada. Hasta ahora, ningún decreto ley del Gobierno andaluz había dejado de ser convalidado por el Parlamento. Alguna vez tenía que ser la primera. Lo que ha pasado con este episodio debe servir para tres cosas. La primera, para que se sepa de una vez que el decreto ley es una figura excepcional para casos urgentes. La segunda, que el PSOE debe asumir de una vez que no tiene mayoría absoluta, y esa situación requiere un diálogo y un consenso que no se suplen con la bondad de un decreto. También debe servir para una tercera cosa: para que los grupos de la oposición desprecien cualquier deseo de reproducir aquella fatídica pinza de hace un par de décadas. Antes que sucumbir a la tentación de gobernar desde el Parlamento lo que hay que hacer es poner encima de la mesa una mayoría parlamentaria capaz de formar un nuevo Gobierno.