El programa o proyecto de programa electoral que presenta Pedro Sánchez en nombre del PSOE está levantando críticas entre diversos sectores de la sociedad. El mundo eclesiástico es uno de los que primero han hecho oír su voz contraria a dos de los puntos del mencionado programa: la separación de la asignatura de Religión de los programas escolares y el anuncio de la extensión del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) a todos aquellos edificios ajenos al culto. Que son muchos y muy repartidos por la geografía española.
El patrimonio inmobiliario "extra religioso" en manos de la jerarquía eclesiástica es copioso. Incluye terrenos, casas, pisos y hasta garajes. Miles de inmuebles no destinados ni al culto ni a obras de caridad. Son el fruto de inmatriculaciones llevadas a cabo en la penumbra que facilitó la Ley Hipotecaria aprobada durante el primer Gobierno Aznar.
Llevar del telar a la práctica la tributación del IBI obligaría al Partido Socialista a denunciar parcial o totalmente los acuerdos de España con la Santa Sede. El Concordato firmado en 1979. No lo hizo Felipe González y tampoco se atrevió -y no fue por falta de ganas- Rodríguez Zapatero. El anuncio de Sánchez podría quedarse en eso: en anuncio. En un guiño a posibles votantes socialistas escorados hacia Podemos.
Tampoco cabe excluir que sea fruto de la presión del equipo de dirigentes en su mayoría jóvenes que le acompañan en las listas. Políticos para quienes la laicidad del Estado, con todas sus ramificaciones y consecuencias, es un principio irrenunciable. No la Iglesia (comunidad de los católicos, muchos de ellos votantes socialistas), pero sí una parte de la jerarquía y sus medios y terminales informativas están en la trinchera de la política con una posición abiertamente contraria al PSOE. Hace tiempo que abandonaron la ponderación y la prudencia, virtudes en retroceso en esos medios. No debería, pues, sorprender nada de cuanto se anuncia. Aunque, ya digo, está por ver que algún día lo veamos en el BOE.
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