Emilio Ruiz
01:00 • 15 nov. 2015
Son las 8 y 10 de la tarde del 6 de octubre de 1934. Barcelona. Palau de la Generalitat de Catalunya. Aparece en el balcón el presidente Lluis Company: “Catalanes, en esta hora solemne, en nombre del pueblo y del Parlamento, el Gobierno que presido asume todas las facultades del Poder en Cataluña y proclama el Estado Catalán en la República Federal Española…”. Diez horas después, Companys y sus consejeros son detenidos. El alcalde de Barcelona y numerosos funcionarios, diputados y dirigentes políticos y sindicales, también. La autonomía es intervenida. Dos militares se hacen cargo de la presidencia de la Generalitat y de la comisaría de Orden Público. Termina la aventura secesionista. Balance: 74 muertos y 252 heridos.
Hoy, una aventura similar no se libra con las pistolas. Se libra en despachos, instituciones y judicaturas. Pero no por eso la situación es menos grave. La integridad territorial de España, otra vez en discusión. La nación más vieja del continente a veces sufre este tipo de embates. Tenemos, los demócratas, que estar preparados para afrontarlos. Creíamos que la Constitución del 78 era el abrazo definitivo de la concordia. “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española”, dice el artículo 2. “La soberanía nacional reside en el pueblo español”, reza el 1.
Está claro: unidad indisoluble y soberanía nacional. No obstante, algunos partidos políticos no lo entienden así. Creen que España puede ser troceada, moldeada a coyunturas políticas, y que la soberanía –el derecho a decidir, que dicen- puede ser traspasada a los vecinos de un territorio, de un lugar, de un espacio. “Autodeterminación pa tos”. Por fortuna para quienes creemos en la fortaleza y la legitimidad de la unión, los dos principales partidos políticos, con sus diferencias, están a la altura de lo exigible. También, quien se perfila como novedad, Ciudadanos.
Hay confusión por el quehacer indeterminado de IU y Podemos. En su afán por agradar a todos y ofrecer a cada uno lo que pide –eso para ellos es la libertad-, andan confundidos en el escenario. “Ningún andaluz -dice Teresa Rodríguez- tiene problema con que los catalanes se autodeterminen, se autodefinan; a nosotros no nos va nada en eso”. Ningún andaluz, dice. “Podemos defiende el derecho a decidir por parte de cualquiera”. De cualquiera, dice también. Tengamos la convicción de que estas personas, si algún día tuvieran responsabilidad de Gobierno, harán de sus libertarios argumentos lo que hizo Alexis Tsipras con su referéndum: ni puto caso.
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