Rajoy ha sido una plaga para la agricultura

La agricultura almeriense ha quedado al margen de las decisiones que el Gobierno del Partido Popular ha tomado o, dicho de otro modo, ha dejado de tomar durante esta legislatura. Nuestro campo, en ese sentido, ha sufrido una plaga de la mano de Rajoy a la que es urgente administrar un tratamiento, un remedio que vendrá de la mano del PSOE si el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, logra una victoria en las elecciones del próximo 20 de diciembre. 
No es fácil olvidar el daño que han provocado al sector las medidas que ha aprobado el presidente del Gobierno en estos cuatro años, lo que le han hecho merecedor del título de enemigo público número uno de la agricultura. De entre ellas, destacan el reparto injusto de la PAC, que ha supuesto la pérdida de 500 millones de euros para Andalucía, el conocido como ‘tarifazo eléctrico’, la discriminación de Almería con respecto a Murcia y la Comunidad Valenciana en la bonificación del agua desalada o la falta de inversiones en infraestructuras necesarias para los agricultores almerienses, como el ferrocarril, para un traslado de las mercancías más eficiente, la carencia de inversiones en la desaladora de Cuevas del Almanzora o el vergonzoso olvido de la Balsa del Sapo. 
En este mismo paquete podemos meter también el despropósito de la desaladora del Campo de Dalías, que está terminada pero no se puede poner a funcionar a pleno rendimiento, porque el Gobierno no ha previsto la manera de hacerle llegar la potencia eléctrica que necesita. 
Frente a esta situación, los socialistas ponemos sobre la mesa nuestro compromiso para dar respuesta a las necesidades del campo almeriense, que comenzaría considerando la agricultura como un sector vital para la economía de España e impidiendo, por lo tanto, que sea utilizada como moneda de cambio en las negociaciones con terceros países. Además, el programa socialista contempla la revisión de la Política Agrícola Común (PAC) para que se haga un reparto justo, revertir el ‘tarifazo eléctrico’, sustituyéndolo por una tarifa eléctrica flexible y solucionar los problemas de la provincia en materia de agua e infraestructuras, acabando con la discriminación en la bonificación del agua desalada y en el transporte de las frutas y hortalizas por ferrocarril.
Debemos recuperar cuanto antes el apoyo a un sector que ha visto reducidas sus expectativas de forma brutal con el gobierno de Rajoy, de manera que arbitremos las medidas necesarias para que nuestros agricultores obtengan unos precios justos y ganemos en competitividad.