Raúl Romeva, consejero de Asuntos Exteriores, viene de inaugurar en Lisboa una nueva delegación de la Generalidad de Cataluña en un edificio situado en una de las zonas más caras de la capital portuguesa.
Tras las de Londres, Washington, París, Berlín, Bruselas, Viena y Roma ya son a ocho las “embajadas” abiertas por los últimos gobiernos catalanes. Ninguna autoridad portuguesa asistió a la inauguración, conscientes de la dimensión de un acto de naturaleza claramente político. De política contraria a lo dispuesto por la Constitución que asigna en exclusiva al Gobierno de España la dirección de la política exterior. Tan claro lo tienen las autoridades portuguesas que para que no hubiera equívocos que su Ministerio de Asuntos Exteriores emitió un comunicado en el que subraya que el único interlocutor de la República de Portugal en las relaciones bilaterales con España es el Estado español representado en Lisboa “exclusivamente por la Embajada de España”.
El “conçeller” Romeva no ignora lo dispuesto por las leyes españolas. También las conoce Carles Puigdemont, el presidente de la Generalidad, entonces, ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué juegan al equívoco que da pie al canal oficial de la televisión catalana al informar de la apertura de una nueva “embajada de Cataluña?”. Porque ése el objetivo. Seguir con el engaño que supone el llamado “proceso” de desconexión con España alimentándolo con pequeños pellizcos de monja; con actos de deslealtad como éste. O con farisaicos rasgados de vestiduras tras haber escuchado a la Fiscal General del Estado proclamando algo tan “sorprendente” como que tiene intención hacer cumplir la ley acatando el mandato constitucional. Sucede en vísperas de una “Diada” (11 de Septiembre) que no parece tener tan movilizado al personal como sucedió hace un año. Intentan, pues, calentar la espera porque analizan las encuestas y son conscientes de que cada vez hay más gente cansada del discurso independentista. Cansada también de los políticos. Cada vez se fían menos de ellos. Máxime cuando, como es el caso, que pretenden es desbordar la ley de un Estado democrático como el Reino de España intentado culminar el llamado “proceso” de desconexión.
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