El PSOE pide que la Iglesia pague el IBI por parkings

Sostiene que los 100.000 euros recaudados pueden ir a pagar políticas sociales

Juan Carlos Pérez Navas, portavoz PSOE Ayuntamiento
Juan Carlos Pérez Navas, portavoz PSOE Ayuntamiento
La Voz
11:43 • 25 nov. 2016


El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Juan Carlos Pérez Navas, ha reclamado al equipo de gobierno del Partido Popular “que inicie los trámites para cobrar el IBI a la Iglesia Católica por propiedades que le suponen un beneficio económico, como son los dos aparcamientos que tiene en la ciudad”.

Según ha destacado, “estamos de acuerdo con la exención fiscal que la Ley contempla para aquellos inmuebles en los que se desarrolla una actividad social, pero la explotación de dos aparcamientos no se encuentra dentro de ese apartado y, en cambio, el dinero recaudado, aproximadamente unos 100.000 euros, sí que podría ser destinado a políticas sociales”. 

Los aparcamientos a los que se ha referido Pérez Navas están situados en la calle Limonero, junto al Palacio de Justicia, de 97 plazas, y en la calle Santiago, próximo a la Bola Azul, de 324 plazas, y son explotados por dos empresas concesionarias “que obtienen un beneficio económico y que no desarrollan ninguna actividad con fines sociales”. 




Competencia
En este sentido ha manifestado que estas empresas “cobran IVA, no tributan al Ayuntamiento y, además, una de ellas -el aparcamiento de la calle Limoneros-, ejerce una competencia desleal al parking municipal de Padre Méndez, situado a pocos metros”.

Los acuerdos de la Santa Sede con el Gobierno de España establecen la exención fiscal para los inmuebles propiedad de la Iglesia Católica, pero, según una sentencia del Tribunal Supremo de 2014, en el caso de que tengan una explotación económica, debe aplicarse la Ley de Régimen Fiscal de Entidades Sin Fines Lucrativos e Incentivos Fiscales al Mecenazgo, que no permite este beneficio cuando se trata de una actividad lucrativa.

Dicha norma establece la exención para aquellos inmuebles en los que se presten servicios de acción social comunitaria, protección a la infancia, asistencia a la tercera edad, a personas en riesgo de exclusión o víctimas de malos tratos, etc.










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