La crisis económica cambia las reclamaciones salariales por litigios por despidos

El armisticio se cuece a fuego lento en la antesala del Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Almería. La puesta en escena coloca a abogados, graduados sociales, empresarios y trabajadores en unos pocos metros compartidos en los dominios de la Junta de Andalucía y traza un espacio para la tregua en el campo de batalla de despidos, salarios adeudados y sanciones.

El CMAC es una herramienta única para la solución de extrajudicial de conflictos laborales. Está adscrito a la Delegación de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa y, a diferencia de otras experiencias de mediación con poca penetración en el ámbito judicial, ésta funciona.

En el primer semestre del año 2016 el CMAC tramitó 1.372 expedientes de conciliación en la provincia de Almería. Más de una cuarta parte acabaron con avenencia. Esto supone una liberación a los Juzgados de lo Social de Almería de cientos de litigios cada año y, más importante, la salida consensuada a conflictos sobre temas sensibles como despidos o deudas salariales.

“El CMAC es un paso previo a la vía judicial en el que las partes intentan alcanzar un acuerdo ante un letrado de la Administración”, señala Miguel Ángel Tortosa, delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa. “El acuerdo depende en exclusiva de la voluntad de las partes y la labor del letrado es conciliar en el proceso”.

Tortosa anima a las partes implicadas y a los profesionales del derecho laboral a acudir a la mediación, a implicarse en hallar soluciones antes de pleitear. “Tienen que ser conscientes de la importancia del CMAC y darle más valor que un mero trámite”, asevera.

No en vano, la excesiva litigiosidad ha machacado a los juzgados en la última década y ha obligado a señalar los juicios de esta jurisdicción, incluso, a dos años vista. Según datos del Poder Judicial, los cuatro Juzgados de lo Social de Almería ingresaron el año pasado 5.000 procedimientos y tenían en trámite unos 6.700 (abiertos).   Un filtro de acuerdos y negociaciones como el CMAC supone, en la práctica, un soplo de aire fresco para estos órganos.

Un laboratorio
Pero además de una herramienta de conciliación, el CMAC es un gran laboratorio para el análisis del mercado de trabajo. Las corrientes laborales tienen un reflejo directo en los expedientes tramitados, como explica Juan Jesús Ruiz, jefe del Servicio de Administración Laboral en la Delegación de Economía. “Con la crisis, el número de expedientes no es distinto, pero sí ha cambiado el tipo de asunto que llega al CMAC”. explica. “Antes de la crisis se reclamaban condiciones salariales, ahora se reclaman despidos y deudas”.

El listón ha bajado y el trabajador prioriza. El desempleo han cambiado las prioridades y los litigios por la categoría profesional, los salarios y otros conceptos similares han dejado paso a una larga lista de reivindicaciones por deudas y despidos conflictivos.

Según cifras oficiales de la Delegación Territorial de Economía, la mitad de los expedientes tramitados en el CMAC en la provincia de Almería correspondían a problemas con despidos y reclamaciones de cantidad. 

Además, se ha detectado una ligera evolución en los últimos ejercicios (2014, 2015 y 2016), con mejores cifras de empleo y, al mismo tiempo, un ligero descenso de los conflictos por despido (-5 por ciento). Es decir, aunque quedarse sin empleo sigue a la cabeza de las causas de los pleitos, el fin de los años más duros de la crisis se traduce en una atenuación de su importancia en el conjunto de los expedientes.

32.580 trabajadores pendientes del SERCLA
Mientras el CMAC aborda conflictos individuales entre empresa y trabajador, el SERCLA trabaja en conflictos colectivos (con alguna excepción como problemas con vacaciones, movilidad geográfica y modificación de las condiciones de trabajo).

En el primer semestre de 2016, este servicio recibió 47 expedientes de conflictos colectivos que afectaban a 187 empresas y 32.580 trabajadores, según datos de la Delegación de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.   Se trata en su mayoría de empleados del sector agrario, ganadero y pesquero, y de personal de transportes, suministro de agua, saneamiento y gestión de residuos.

La Junta hace de enlace entre las empresas y los representantes de los trabajadores. Para ello se reúnen en la sede (recientemente renovada), miembros de los sindicatos, Asemplan y la Administración. Los acuerdos sobre huelgas y convenios colectivos, por ejemplo, evitan acabar en los tribunales.