El conflicto de los estibadores amenaza con bloquear también el Puerto de almería

El conflictos de los estibadores -trabajadores portuarios que realizan la carga y descarga de los barcos- amenaza también con bloquear, en la medida de su dimensión, la actividad mercantil del Puerto de Almería.
El Consejo de Ministros aprueba hoy el Real Decreto que liberaliza esta actividad sin consenso con el sector que ha anunciado ya un calendario de paros durante tres semanas comienza el próximo 6 marzo.
Aunque Almería no es un Puerto con una destacada actividad en tránsito, como Algeciras o Valencia, sí sufrirá también las consecuencias. En Almería hay  una plantilla de 13 trabajadores fijo y ocho temporales que forman parte de la Sociedad de Gestión de Trabajadores Portuarias de Almería, que como en el resto de muelles, tienen el monopolio en la actividad y que obligan también a las empresas consignatarias a formar parte del capital social.

Graves  pérdidas Las mercancía que pueden resultar afectadas en Almería por estos paros anunciados son el yeso de Sorbas, cementos y clínker de Gádor, tubos y bovinas de acero que llegan desde Lorca, abonos, productos de la industria auxiliar de la agricultura, mármol de la empresa Cantursa, papel y chatarra. Las partes damnificadas serían las de toda la cadena, desde el producto al consignatario, al armador de naviera y al cliente. La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, Trinidad Cabeo, expresaba ayer que “las jornadas de paro es un problema para todos los puertos y afectará a cada cual según su dimensión, nosotros también lo sufriremos, aunque el fuerte del Puerto de Almería son los pasajeros que no necesitan ser estibados”.
Los ferry de carga rodada (roro) que cubren la travesía a Melilla y Nador tabién necesitan a estibadores para la carga en plataforma.  El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, del que dependen los puertos de interés general como el de Almería, ha advertido de la urgencia de aprobar un Decreto Ley, puesto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó en 2014 que la regulación española, sin liberalización del mercado, incumple los tratados comunitarios “al no reconocer la libertad de empresa y de contratación de trabajadores”.
Hasta ahora las empresas de estiba que quisieran operar en los puertos españoles deben contratar a los estibadores de una Sociedad de Gestión (Sagep), que sucedieron a las sociedades estatales de estiba, en las que las autoridades portuarias contaban con contaban con una participación del 51%