“Cuando nos dicen que nuestro hijo va a tener una discapacidad, son días, semanas, incluso en ocasiones meses, los que las familias pasamos con la incertidumbre y por otro lado la esperanza de que no es nada grave...que realmente esto no será nada. Es un periodo de nuestra vida muy duro y que uno no quiere aceptar sin más. Hasta que te das cuenta que tu hijo necesita mucha ayuda, más que cualquier otro niño”, explican desde la asociación ANDA, de niños con discapacidad de Almería. En la provincia, el número de menores de seis años que tienen reconocida alguna discapacidad es de 338. En Almería, la valoración la hace el centro base situado en la Bola Azul.
Para poder atender mejor a estos niños y a sus familias, la Junta acaba de aprobar el I Plan Andaluz de Atención Integral a Personas Menores de seis años en situación de dependencia o en riesgo de desarrollarla, que contará con un presupuesto total de 800 millones de euros hasta 2020. Andalucía se convierte así en la primera comunidad autónoma que pone en marcha una estrategia en esta materia, de acuerdo con lo previsto en la Ley estatal de Atención a la Dependencia. Como novedad, el plan incorpora el incremento de la edad de los destinatarios de tres a seis años para promover la “autonomía personal” y facilitar la inclusión familiar, escolar y social. Las inversiones previstas serán aportadas, en una estrategia conjunta, por cuatro consejerías: las de Igualdad y Políticas Sociales y las de Educación, Salud y Fomento y Vivienda.
El documento redactado por el Ejecutivo contiene nueve líneas de actuación, 19 objetivos específicos y 104 acciones dirigidas a los menores en situación de dependencia o discapacidad, a los usuarios de los centros de atención infantil temprana y a los que presentan necesidades educativas especiales. También se recogen intervenciones específicas para mujeres embarazadas, asociaciones, personas cuidadoras y profesionales de la salud, la educación y los servicios sociales.
Prevención
Entre otras actuaciones, el plan incluye medidas de prevención entre las que destacan el acceso universal a prácticas clínicas efectivas de planificación de la reproducción, mediante la incorporación de anticonceptivos de última generación, y la disponibilidad de programas y servicios de salud sexual y reproductiva para evitar embarazos no deseados.Además, se implantará tanto el proceso asistencial integrado de la persona recién nacida para la identificación de factores de riesgo neurosensorial, biológico, psicológico y sociofamiliar, como protocolos para la promoción de entornos familiares estables.En caso de que se detecte un trastorno en el desarrollo de los menores, se asegura una intervención temprana que posibilite su integración en el medio familiar, escolar y social, así como su autonomía personal. Además, se prioriza a esta población en la valoración de las situaciones de discapacidad y dependencia y en la intervención y atención en los casos que lo requieran.
Igualmente, se garantiza la adaptación de los Centros de Atención infantil Temprana para que sus horarios sean compatibles con los escolares y laborales de la familia, así como la atención educativa domiciliaria al alumnado que por motivos de salud no pueda asistir a la escuela.
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