El caso Tres Reyes a juicio en julio

La vista oral del caso Tres Reyes´contra un presunto grupo "criminal" acusado de extorsión y por el que están encausadas siete personas, entre ellas el ex jefe de la Abogacía del Estado en Almería Demetrio Carmona, se ha visto nuevamente aplazado, con lo que según las previsiones se celebrará finalmente en el mes de julio con sesiones vespertinas. Se trata de la cuarta fecha contemplada para este juicio después de que el pasado 25 de octubre se suspendiera el juicio debido a que uno de los acusados, Rogelio V., renunciara a su abogada y designara a un nuevo letrado. Tras este acto, la primera sesión de la vista quedó fijada el 14 de noviembre de este año.

No obstante, y tras sufrir una nueva modificación, fuentes judiciales han indicado a Europa Press que finalmente el Juzgado de lo Penal número 3 de Almería acogerá el juicio los días 18, 19 y 20 de julio e incluirá sesiones de tarde para agilizar la vista, que acumula un año y medio de espera desde que quedara suspendida por primera vez en octubre de 2015 cuando fundamentalmente otro acusado, el empresario José A.M. renunció a su abogado y uno de los testigos de las defensas no pudo ser localizado. Tras la última suspensión, el representante legal del ex abogado del Estado, Miguel Angel Campos, expresó ante los medios de comunicación la "falta de celo" que, a su parecer, se ha dado por parte del juez durante la instrucción, de la que ha destacó las "muchas carencias" que contiene. Carmona también afeó la suspensión de la vista por segunda ocasión mientras que su letrado calificó de "proceso de sainete" el seguido en este caso, cuyas diligencias han estado "dirigidas a un determinado fin", que es "la imputación, pena de banquillo y condena, que no se va a producir" de su patrocinado.

La Fiscalía tiene previsto solicitar en la vista oral penas que oscilan entre los tres años y once meses, y los nueve años de prisión para los siete procesados, a quienes acusa de integrar un grupo "criminal" organizado que usaba presuntamente "medio ilícitos para conseguir beneficios económicos de terceros", a quienes "obligaban a realizar disposiciones patrimoniales a favor de miembros de este grupo". Les atribuye la comisión de presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal y tres supuestos delitos de extorsión en grado de tentativa aunque a dos de ellos les imputa además sendos delitos de usurpación de funciones públicas y falsedad ya que se hacían pasar por "oficiales" de un "servicio de inteligencia del Estado" en algunas operaciones, una de ellas encaminada a hacerse "mediante engaño" con 128,4 millones de dinares iraquíes. A Carmona, el fiscal le achaca en el organigrama la función de "recopilar y proporcionar toda la información, tanto personal como económica" acerca de las personas de su ámbito de las que pretendían obtener los "desplazamientos patrimoniales en su beneficio" para que, de este modo, los otros miembros "demostrasen" ante estas personas "tener unos conocimientos" que achacaban a su "supuesto poder".

Según el relato de hechos del Ministerio Público, Carmona, el abogado Rogelio V.R. y el empresario Angel M.R. mantenían en 2012 una "estrecha relación de índole personal" en la que se incluían "intereses económicos comunes" y que, en agosto de ese año, a través de este último, contactaron con el resto de procesados. Asegura que todos realizaban "los más diversos negocios" y detalla, entre estos, la venta de bonos mexicanos anteriores a 1950; la exportación de aceite a Rumanía; o negocios inmobiliarios, hoteleros o de intermediación que, remarca, los dos abogados implicados "compatibilizaban" con su profesión.