Se triplica el incumplimiento de las órdenes de alejamiento

El último informe del Consejo General del Poder Judicial sobre violencia machista arroja datos muy preocupantes. Se constata un empeoramiento de los indicadores relacionados con la seguridad de las víctimas y de los niños. Hay un aumento muy significativo del incumplimiento de las órdenes de alejamiento por parte de los maltratadores y los jueces reducen la suspensión a los padres agresores de las visitas a los hijos. 

Los datos del primer trimestre de 2017 relacionados con la protección de las víctimas son los peores de los últimos ocho años. El quebrantamiento de medidas como la orden de alejamiento se ha triplicado. Se ha incrementado del 3% entre enero y marzo de 2010 al 9,4 % este año, según informa Cadena SER.

El PSOE pide al Consejo General del Poder Judicial explicaciones sobre las causas de este aumento e información sobre si los jueces están actuando ante esta desobediencia o si por el contrario está quedando impune.Este incumpliendo se castiga con penas de seis meses a un año de prisión, destaca la portavoz de Igualdad del grupo socialista en el Congreso Ángeles Álvarez. La diputada se muestra muy preocupada y quiere conocer con "urgencia los motivos de que se dispare uno de los indicadores que predice el riesgo". 

El informe judicial revela también que en el primer trimestre de este año las suspensiones a los maltratadores del régimen de visitas a los hijos o la retirada de la custodia han bajado a menos de 3 % y al 5 % respectivamente. Son los más bajos desde 2010.

La portavoz socialista de Igualdad, que ha hecho un análisis comparativo de la evolución de todos estos datos, señala que "no se comprende que después de la última reforma legislativa para reforzar la protección de los menores, el resultado sea su desprotección con el descenso de estas decisiones por parte de los jueces". 

No se puede olvidar que este año la estadística de menores víctimas mortales de la violencia machista es muy trágica. Seis niños y niñas han sido asesinados en los primeros seis meses de 2017 por sus padres o las parejas de sus madres. Y desde 2013, el año que empieza oficialmente el registro mortal de los menores, se contabilizan 21.

Expertas como la magistrada Inmaculada Montalbán, coinciden en mostrar su inquietud. Montalbán considera que el aumento de los quebrantamientos de medidas y penas "puede indicar que el maltratador pierde el miedo a la reacción judicial y eleva además el riesgo de la víctima de sufrir nuevas agresiones".  

La expresidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Poder Judicial destaca que la suspensión del régimen de visitas "pretende evitar que los menores sufran el impacto negativo de la violencia y que sean utilizados como instrumentos para coaccionar a la madre".

También alerta del desamparo que supone para ellos la disminución de las decisiones de los jueces de obligar al maltratador a pagar una pensión alimenticia,  porque esta medida trata de "impedir el empobrecimiento de la madre y los hijos durante el proceso judicial". Este es otro de los indicadores que empeoran porque la fijación de la prestación de alimentos baja del 26% en 2010 a apenas el 19% en los tres primeros meses de este año.

Montalbán cree que estos datos son una consecuencia de "la relajación en los últimos años de la respuesta institucional y social ante la violencia de género y de los recortes". La jueza espera que la subcomisión parlamentaria que negocia el Pacto de Estado exija la efectividad de las medidas de protección y concluye que para ello se necesita dotación presupuestaria. 

Finalmente, la diputada Ángeles Álvarez pide al Consejo General del Poder Judicial más información y mayor transparencia porque "ocultó todos estos datos negativos en la nota de prensa en la que publicó el resumen del informe del primer trimestre".