El ‘caso de los sellos’ de la UAL llega a juicio

El Tribunal de Cuentas acoge esta semana el juicio ordinario del procedimiento de reintegro por alcance que se sigue contra un funcionario de la Universidad de Almería (UAL) para dirimir si se apropió irregularmente de más de 241.000 euros de dinero público procedente de fondos públicos anticipados para la compra de sellos.

En mayo de 2016, el Tribunal de Cuentas anunció los hechos supuestamente motivadores de la responsabilidad contable, que se extienden entre los años 2003 y 2015. Por otra parte, en enero, acordó mantener el embargo de sueldo percibido por el investigado al desestimar el recurso interpuesto por la defensa del funcionario ante la providencia en la que se ordenaba esta medida cautelar.

En el marco de estas diligencias previas el funcionario, ya cesado, F.J.C.F., prestó declaración en sede judicial ante la jueza Ana Belén Vico, encargada de la investigación por vía penal después de que la Fiscalía interpusiera denuncia contra él a raíz de los hechos que puso en su conocimiento la propia institución académica. También prestaron declaración, en calidad de testigos, dos jefes de servicio de la UAL ante quienes el investigado habría “admitido” el supuesto desfalco después de que ellos le interpelasen sobre el “descuadre económico” encontrado en la compra de sellos.

Fue la propia UAL la que puso en conocimiento del Ministerio Público en septiembre de 2015 las conclusiones de una investigación reservada que se inició en un cotejo de datos realizado por la Unidad de Contratación, de Patrimonio y de Servicios Comunes sobre el volumen de compras a proveedores con el objetivo de “reducir costes” y coincidiendo con el inicio del mandato del nuevo rector, Carmelo Rodríguez.

La universidad detectó un primer “desajuste económico” en el ejercicio 2014 entre la contabilidad y el expediente de contratación con la Sociedad Estatal de Correos por un importe, en principio, superior a los 31.000 euros.

Tras revisar los datos, se constataron “discrepancias” a partir del año 2003 que, en total, habrían dado lugar a “un desajuste por importe de 240.445 euros”.

La investigación reveló que el funcionario supuestamente se “apropiaba” del importe de los “anticipos para la compra de sellos obtenidos cada 15 días” y que, además, habría podido “falsificar las facturas que se entregan como justificante”.