Arranca el juicio por las facturas falsas en el Patronato de Turismo

El tribunal que debe enjuiciar a los 18 acusados por el presunto saqueo de las arcas del Patronato Provincial de Turismo de Almería bajo mandato del PSOE entre 2009 y 2011 ha acordado este miércoles la admisión de nuevas pruebas testificales y documentales de cara al inicio de la vista oral, previsto para el 11 de diciembre con la declaración de los principales encausados.

En el acto de este miércoles en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial para resolver cuestiones previas, se ha resuelto, asimismo, sacar de la causa a uno de los acusados para un posterior enjuiciamiento habida cuenta de la situación clínica en la que se encuentra y ante el contenido del informe médico forense aportado en el que no se prevé su recuperación próxima.

El tribunal presidido por el magistrado Jesús Martínez Abad ha rechazado, así, la suspensión de la vista oral solicitada por su abogado y ha resuelto en aplicación del artículo 746 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Con respecto a los medios de prueba propuestos por algunas de las partes, se han admitido las testificales solicitadas por la defensa de la exsecretaria del Patronato María Teresa González, entre ellas dos trabajadoras del archivo de la institución y se han señalado para el 17 de enero.

También se han incorporado a la causa, en la que está personada como acusación particular la Diputación Provincial, una pericial caligráfica, a practicar el 22 de enero, propuesta, entre otras, por el letrado de los dos administradores de la agencia de viajes Leitour, y el documento que acredita la consignación para pago de la responsabilidad civil fijada en montantes de 363.460,22 euros.

Esto último, referente al acusado Juan Bisbal, también se ha admitido aunque en este caso el pago sea "parcial", así como documentales propuestas por la defensa de Miguel Angel Florido y el club de balonmano Vícar Goya y de Antonio Hueso, quien figura como administrador nominal de Viajes Ejisol SL. Sobre esta, el fiscal ha acordado retirar la petición de responsabilidad civil.

La vista oral del caso ´Facturas´ en la que el expresidente socialista de este órgano, Luis Pérez, se enfrenta a siete años y nueve meses de prisión, se prolongará durante 18 sesiones. No se retomará hasta el día 11 de diciembre, cuando está prevista la declaración de los principales encausados, entre ellos el propio Pérez, la exsecretaria del patronato María Teresa González, para quien la Fiscalía pide penas que suman nueve años y diez meses de cárcel.

El Ministerio Público acusa a los dos primeros de urdir un "plan por el que se habrían apropiado" de más de 763.000 euros de fondos públicos de la institución "para quedárselos para sí o destinarlos a gastos particulares ajenos a la función pública de sí mismos o de otras personas y sostiene que emplearon dos mecanismos; el principal, con el que habrían sustraído a la Diputación Provincial la cuantía de 690.202,65 euros, había consistido en "concertar" con empresarios que contrataban con el Patronato la elaboración de facturas por "unos servicios que no se prestaban o por bienes que no se entregaban".

Al margen de este método, el exvicepresidente de la Diputación y la exsecretaria del patronato habrían ideado otro sistema para "apropiarse o destinar fondos públicos a fines particulares y por completo ajenos a la que era la actividad del organismo" mediante la utilización del "anticipo de caja fija". La cantidad defraudada en este caso sería de 73.000 euros.

En la misma sesión también está previsto que declaren los administradores de la agencia de viajes Leitour, Francisco Javier Guerrero y Arístides Javier Martos, quienes se enfrentan a siete años de cárcel.

Al día siguiente, día 12 de diciembre, comparecerá, entre otros de los 18 encausados, el también empresario Joaquín Conde, de ´Publifiestas Conde´, a quien la Fiscalía atribuye el haberse hecho presuntamente de manera fraudulenta con 595.996,5 euros de dinero público mediante la confección de facturas simuladas entre noviembre de 2008 y junio de 2011 que fueron conformadas bien por Pérez Montoya, bien por González Rivera.

El primero habría aprobado además 15 expedientes de contratación menor y gasto para bienes que "no iban a ser entregados al patronato o que lo iban a ser en una cantidad y valor muy inferior al reflejado en los expedientes" a favor de la empresa de Conde, para quien el Ministerio Público solicita siete años y siete meses de prisión.

En la quinta sesión, señalada el día 15 de diciembre, declarará el presidente del Club Unicaja de Voleibol, Ramón Sedeño, y el tesorero del club, Guillermo Carmona, quienes habría acordado que el Patronato de Turismo "se hiciera cargo de una deuda de 25.000 euros que el equipo mantenía con la agencia Leitour Viajes". Por estos hechos, Sedeño y Carmona se enfrentan a penas de tres años de prisión y de ocho años de inhabilitación absoluta, además de a responsabilidades civiles de 25.611 euros cada uno.

Procesados
Luis Pérez Montoya y María Teresa González están procesados por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, otro continuado de fraude a la Administración Pública, delitos continuados de falsedad en documento mercantil y documento oficial, y un delito de prevaricación continuado.

A la exsecretaria se le imputa, asimismo, la presunta comisión de un delito de infidelidad en la custodia de documentos ya que, supuestamente, habría "ordenado" a un empleado del Patronato "la destrucción de abundante documentación oficial" que extrajo del archivo que custodiaba "en junio de 2011, tras la celebración de elecciones locales que motivaban un cambio de gobierno en la Diputación y para dificultar el descubrimiento de la trama".

La Fiscalía, al margen de la pena privativa de libertad, interesa la inhabilitación absoluta para ambos por 19 años y seis meses en el caso del cargo público, y de 24 años y seis meses en el caso de la funcionaria, para quien pide el pago de una multa de 12 meses con una cuota diaria de 12 euros. En concepto de responsabilidad civil, solicita, en solidaridad con algunos otros acusados, que indemnicen a la Diputación Provincial con 769.134,74 euros en el caso de María Teresa González y con 763.752,82 euros en el caso de Luis Pérez Montoya.

Otros empresarios de los que presuntamente se habrían servido para ejecutar el plan urdido son Dolores Hernández y Bernardo Hernández, de la mercantil ´Viajes Bernardo´. La cuantía de las facturas "simuladas" ya ha sido consignada en el juzgado por ambos empresarios, quienes enfrentan penas de dos años y cuatro meses de prisión, así como cuatro años y medio de inhabilitación absoluta.

El Ministerio Público también ha formulado acusación contra el administrador de ´Viajes Ejisol SL´ por un total de seis facturas simuladas por importe de 7.042,12 euros; la administradora de ´Viajes Viconos´ por otras seis facturas simuladas por importe de 6.780,66 euros; o el administrador de la mercantil ´Grupo JI26 SL´, quien confeccionó presuntamente cuatro facturas simuladas con las que se habría defraudado a las arcas públicas 11.318,40 euros. Estos se enfrentan a penas que oscilan entre los cinco años y seis meses de prisión, y los cuatro años y seis meses de cárcel.

En el caso de quien fuera entrenador y administrador del Club Polideportivo Vícar Goya, Miguel Angel Florido, el fiscal solicita dos años y seis meses de prisión acusado de aceptar el empleo del mecanismo de facturación simulada para que el Patronato de Turismo se hiciera cargo de una deuda de 7.479,41 euros que mantenía con la empresa de autocares Blanco y Rodríguez, cuyo responsable se enfrenta a la misma pena de prisión.

Por último, acusa a los administradores de la mercantil Bergasan, para quienes pide cuatro años y nueve meses de cárcel por cuatro facturas simuladas por valor de 4.814,02 euros.