Profesionales médicos y del sector sanitario, representantes sindicales y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad asisten esta mañana en la Subdelegación de Gobierno a una cumbre que abordará las medidas a adoptar para evitar que sigan produciéndose agresiones al personal médico y sanitario en los hospitales y centros de salud de la provincia. El último caso, denunciado por LA VOZ DE ALMERÍA, afecta a los médicos, enfermeras, celadores y guardias jurados del CARE Nicolás Salmerón, “indefensos” ante las agresiones y amenazas “continuadas” y “frecuentes” que sufren en el centro. “Cuando pase algo serio de verdad y haya un médico o un auxiliar herido, veremos a ver de quién es la responsabilidad. Tenemos problemas todos los días, pero no podemos estar llamando a la Policía a diario porque no saldríamos de los juzgados”, relatan.
La reunión de hoy abordará las medidas policiales ante las agresiones a personal sanitario que la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior aprobó el pasado mes de julio. Tanto el Sindicato Médico como el Sindicato de Enfermería (Satse) reclaman que haya más presencia policial en las Urgencias y en los centros de Atención Primaria donde todavía no hay seguridad. “El botón del pánico no es la solución porque si hay una agresión necesitamos que se actúe en dos segundos, no en cinco minutos cuando llegue la Policía Local. No podemos esperar a que suene el botón para que vengan a socorrernos, porque en dos o tres minutos, al médico o a la enfermera le pueden haber dado una paliza”, apunta Francisco Durbán, presidente del Sindicato Médico.
Ocho de diez
Las agresiones a profesionales de la salud afectan especialmente a médicos y personal de enfermería. Según datos del sindicato Satse, a nivel estatal, ocho de cada diez enfermeras han sido víctimas de una agresión verbal o física en su trabajo.
En Andalucía, también según la información que maneja Satse, las agresiones han disminuido en los últimos años gracias a las medidas preventivas que se han puesto en marcha y al endurecimiento de las medidas judiciales. En 2015, la aprobación de una enmienda al artículo 550 del Código Penal estableció que agredir a médicos cuando trabajan es un atentado contra la autoridad y conlleva hasta cuatro años de cárcel. La consideración abarca a cerca de 600.000 funcionarios docentes y a más de 115.000 médicos y 165.000 enfermeros contabilizados en el Sistema Nacional de Salud, además de fisioterapeutas, técnicos y otros profesionales que se suman a otros empleados públicos ya considerados autoridad, como jueces o policías.
Denunciarlo todo
Por lo que sí abogan los sindicatos profesionales es por denunciar cuántas agresiones se produzcan, ya sean verbales o físicas. “Es cierto que los insultos o las amenazas apenas se llevan al juzgado y hay muchísimos de ambos casos. Es importante denunciarlo todo, porque no es tolerable que vayas a curar a alguien y te partan la cara. La agresión nunca es la solución”, opina José González, de Satse Almería. “Estamos ante un problema educacional. No se me ocurre que vayas a salvar una vida y que al médico que te está atendiendo le amenaces de muerte”, apunta Francisco Durbán, que ha desarrollado el grueso de su trayectoria profesional como médico de Urgencias.
Además de que haya más seguridad en los centros -también en los hospitales, donde hay una presencia de guardias jurados que se considera insuficiente-, los profesionales exigen medidas preventivas que les ayuden en su trabajo. “A la gente hay que educarla en salud. Deben entender que estamos para ayudarles, que no somos enemigos de nadie”, apunta el portavoz de Satse.
El encuentro de hoy, sin orden del día, analizará cuál es la situación que viven a diario médicos y personal de enfermería en los hospitales y en la Atención Primaria en la provincia. Para el desarrollo de las medidas que se pongan en marcha, la Subdelegación del Gobierno ha nombrado como interlocutor al teniente coronel de la Guardia Civil, José Hernández Mosquera.
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