Técnicos pidieron quitar los toldos de Feria

Nueva vuelta a la polémica del montaje de los toldos de la pasada Feria de Almería. Ahora que el Ayuntamiento de Almería ya ha tomado la determinación de establecer las penalidades a la empresa que realizó el servicio, se conoce que el informe técnico realizado desde el área de Servicios Municipales del Ayuntamiento con fecha de 22 de agosto de 2017 recogía que era “necesario” que se procediera “al desmontaje de la instalación, a la mayor brevedad posible” a lo que añadía el técnico en cuestión que “declinaba” cualquier tipo de “responsabilidad que se derive del incumplimiento de este requerimiento”.

Esto significa que desde éste área se pidió el desmontaje del entoldado de forma inmediata el martes de Feria, y no fue hasta el final de la misma cuando se realizó esta retirada.

Explicaba el técnico en cuestión que, teniendo en cuenta los informes contradictorios en los que, por un lado el jefe de la sección de electricidad consideraba que las farolas no estaban preparadas para aguantar las cargas derivadas de los toldos, y el efectuado por un técnico externo en el que no se recogían cuestiones como el atirantamiento de los soportes en la zona de Puerta Purchena o tramos donde no se habían atirantado los soportes hacia las fachadas, consideraba que “las premisas para las hipótesis de cálculo no son correctas”  y por ello, apostaba por la retirada del entoldado.

Contrato
Recogía además que teniendo en cuenta el pliego de contratación de este  servicio contemplaba que era la empresa la que tenía que poner lo necesario para la colocación de los toldos y había zonas que por el ‘taladrazo’ se dejaron sin entoldar, se incumplía el contrato. Invitaba así a rescindir el contrato o aplicar penalidades a la empresa, que es finalmente por lo que se ha optado.

Afirmaba el concejal de Cultura, Carlos Sánchez, después de las críticas del Grupo Municipal Socialista tras la sanción aprobada a la empresa consideró que se había hecho un uso “torticero” ya que el expediente concluye con una penalización “por incumplimiento de contrato” de 4.386 euros.

Pérdidas
Sánchez aclaró que “si el PSOE hiciera bien su trabajo y se hubiera detenido en conocer en profundidad el expediente, que tienen en su poder desde hace meses, hubieran llegado a la conclusión de que, además de una penalidad del 5% sobre el importe del contrato, la ejecución defectuosa del mismo implica que la empresa adjudicataria dejará de percibir alrededor de 30.000 euros. En suma, unos 35.000 euros que supone un 40 por ciento del presupuesto de su adjudicación”.