Regularizar Cortijo Córdoba supone demoler 80 viviendas

Regularizar la situación en la que se encuentran viviendas ubicadas en más de las 163 parcelas en las que se dividió la finca de Cortijo Córdoba es el objetivo del Plan Especial que para esta zona tiene redactado el Ayuntamiento de Almería y cuyo desarrollo, así como la mejora de los viales de la zona al igual que en su día se realizara con el convenio de La Juaida, era el objetivo de la moción presentada ayer por el Grupo Municipal de Ciudadanos.

El documento fue aprobado por unanimidad pero puso encima de la mesa la complejidad existente para el desarrollo de un plan urbanístico en el que hay que trabajar con unos 160 propietarios y que se desarrolla en un terreno por el que pasa una vía pecuaria. Proponía el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Juan Carlos Pérez Navas, que ante la complejidad del desarrollo de este PERI “se realice una encomienda de gestión a la empresa municipal Almería XXI para ver las posibilidades de desarrollo desde la iniciativa pública”. Acogía la idea el concejal de Desarrollo Urbano y Vivienda, Miguel Ángel Castellón, que se mostraba dispuesto a hacer esta encomienda “elaborar un censo de las construcciones y avanzar en el PERI e incluso crear una mesa de trabajo con todos los partidos políticos tal y como se realizó con Barrio Alto”.

Demoliciones
Eso sí, recordaba Castellón la historia de estas viviendas afirmando que “cuando se decide vender la finca a más de 160 propietarios estos edificaron sus casas en zona rústica y por tanto no tienen servicios mínimos” por lo que “para la adecuación a la legalidad urbanísticas ellos tienen que pagar la urbanización de la zona igual que cuando cualquiera compra una casa o un piso y cualquier sitio, una parte de lo que paga es la urbanización y los servicios públicos”.
Más allá de estos costes el gran problema del desarrollo de este planeamiento urbanístico es la presencia en la finca del Cordel de la Campita. Asegura Castellón que “para desarrollar el PERI hay que realizar el deslinde del Cordel y esto supone desalojar del entorno del dominio público unas 80 construcciones” y recordaba que se realizaría su demolición “con sus piscinas y todo y sin derecho a indemnización” ya que son viviendas que se han levantado de forma irregular.
Explicaba además el edil que en ningún caso se podría pedir ayuda a la Diputación Provincial en sus planes (solicitaba Rafael Burgos desde Cs que se acelerara la moción para poder hacerlo) ya que “no se puede gastar ni un solo euro de dinero público sobre suelos que son de titularidad privada” como es el caso de los caminos de esta zona .
De momento lo que parece claro es que al menos se va seguir avanzando en el plan.