El juez toma declaración a cuatro testigos en el caso de Gabriel

Rafael Soriano, magistrado titular del Juzgado de Instrucción número Cinco de Almería, tomó declaración la mañana del martes a cuatro testigos en el caso del pequeño Gabriel Cruz. Los testigos son personas del entorno de la familia y un ex compañero sentimental de Ana Julia Quezada, residente en la cercana pedanía de Las Negras.

Las declaraciones finalizaron poco después del mediodía y sirvieron, esencialmente, para ratificar el contenido de los testimonios ofrecidos durante la investigación a los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil encargados de la búsqueda del niño desparecido y la captura de la autora confesa del crimen.

Según explicó el letrado de la acusación particular, Francisco Torres, el contenido de las declaraciones no aporta detalles de la secuencia de hechos sustancialmente distintos a los ya conocidos. El instructor no quiere dejar cabos sueltos e incorpora a las diligencias las versiones del mayor número de testigos posible. De hecho, el próximo 19 de abril están citadas otras seis personas, aunque no ha trascendido su identidad ni su papel en el caso.

Maniobra de despiste
Este martes prestó declaración un ex novio de Ana Julia Quezada. El testigo ya fue interrogado por la UCO de la Guardia Civil durante la primera fase de la investigación del crimen del pequeño Gabriel Cruz. Según indicó el teniente coronel José Hernández Mosquera durante la rueda de prensa de balance de la llamada Operación Nemo, Ana Julia Quezada trató de orientar la investigación sobre su ex pareja e, incluso, colocó la camiseta de Gabriel Cruz en la dirección hacia el núcleo de Las Negras.

La investigación cree que la maniobra buscaba distraer a los agentes de la Benemérita y, al mismo tiempo, sembrar dudas sobre una posible participación de este vecino. Ana Julia Quezada mencionó varias veces su nombre en los días previos al hallazgo del cuerpo de Gabriel Cruz en el maletero de su propio coche en La Puebla de Vícar.

La detenida permanece en el calabozo del módulo de mujeres de El Acebuche en prisión provisional, comunicada y sin fianza. En su confesión relató una secuencia de hechos compatible con un delito de homicidio (no asesinato) y negó el secuestro. La fiscal solicitó el ingreso en prisión por asesinato y detención ilegal y el juez Rafael Soriano añadió la imputación por un presunto delito contra la integridad moral.

Francisco Torres, abogado de los padres, confía en el levantamiento del secreto de sumario. “Quizás en dos o tres semanas”, señaló a la puerta de los juzgados. Por su parte, Beatriz Gámez, letrada de Ana Julia Quezada, solicitó también el levantamiento para poder ejercer su labor de defensa  con las garantías establecidas en la ley. Gámez lleva la defensa con su compañero Esteban Hernández.