El Estado vende cuatro garajes decomisados en operaciones contra el narcotráfico

El Estado saca a la venta cuatro plazas de garaje en el municipio de Balanegra procedentes de operaciones judiciales contra el narcotráfico, el blanqueo de capitales y otros delitos vinculados en la provincia de Almería. Las propiedades aparecen en el listado de inmuebles decomisados y registrados por la Delegación del Gobierno para el plan nacional sobre drogas. Se venden mediante enajenación directa.

El Estado busca recuperar una parte del dinero invertido en la lucha contra el narcotráfico mediante el aprovechamiento de bienes aprehendidos en operaciones judiciales. Todo el dinero recaudado va directamente al Tesoro Público y se usa en campañas contra el consumo de drogas. Los cuatro lotes de Balanegra están ubicados en una misma propiedad, según la información de la enajenación. En total, el Estado vende diez inmuebles.

Las subastas se producen de forma periódica, aunque  la salida de viviendas, garajes, comercios y otras propiedades similares es menos frecuente. En la provincia de Almería apenas se han recuperado inmuebles en operaciones contra el narcotráfico y las ventas son estadísticamente anecdóticas. El problema radica esencialmente en conectar la actividad delictiva de un traficante de droga con el inmueble, a menudo a nombre de familiares o terceros. Esto es, se necesita demostrar que el dinero de la droga fue a la compra de propiedades.

Además, todos los procesos de subasta y enajenación directa tienen que contar con el visto bueno judicial y de una comisión especializada de la Administración. Según un reciente informe publicado por el Plan Nacional sobre Drogas, el Estado consiguió 195.000 euros durante los años 2016 y 2017 por ventas de vehículos y embarcaciones aprehendidas por las fuerzas de seguridad en Almería.

Fondos 
Las subastas propiciaron la salida de los depósitos de cinco embarcaciones y 31 automóviles inmovilizados por orden de los distintos juzgados de instrucción. La comparación entre número de objetos y montante recaudado muestra las dificultades del sistema para sacar verdadero rendimiento al material conservado (generalmente en estado deplorable) en sus depósitos.

El protocolo establece la conservación de los bienes durante el proceso judicial y su posterior subasta pública cuando quede acreditada su procedencia ilícita. Aunque es siempre la autoridad judicial la encargada de autorizar su ‘comercialización’. Por volumen de ventas, Almería se sitúa entre las provincias españolas con mayor actividad del país, solo por detrás de la Región de Murcia, Málaga, Cádiz, Ceuta y la Comunidad de Madrid.

El Estado consiguió en el ejercicio 2016 unos 2,2 millones de euros por la subasta pública o enajenación directa de 483 bienes retirados a narcotraficantes (la enajenación se produce cuando el objeto tiene poco valor). En 2017 el dato aumentó hasta los 3,2 millones de euros. Entre ellos hay coches y embarcaciones, pero también joyas, aeronaves, aparatos electrónicos y hasta inmuebles vinculados directamente a la distribución de estupefacientes.