Seis años después y una innumerable sucesión de diligencias, alegaciones y aplazamientos, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería sentó en el banquillo de los acusados a los siete acusados del denominado Caso Tres Reyes.
El recorrido desde la detención de Demetrio Carmona, ex jefe de la Abogacía del Estado en Almería, hasta la vista celebrada este lunes anticipaba un capítulo especialmente farragoso de la crónica judicial de Almería. La jornada cumplió las expectativas.
Solo en las cuestiones previas, los abogados lanzaron sobre el tapete una conspiración de la Guardia Civil, una venganza política con menciones a la cúpula Partido Popular en la provincia, una trama urdida con una “amante prostituta” y una larga lista de irregularidades del juzgado de instrucción.
De forma simplificada, el tribunal estudia un presunto plan para apropiarse de 128 millones de dinares iraquíes de un empresario de El Ejido que los compró como inversión en los años 1995 y 1996. En el epicentro de la investigación, la Guardia Civil coloca a Demetrio Carmona, quien tenía importantes contactos para servir como nexo entre las partes.
El ex abogado del Estado en Almería prestará declaración a partir de las nueve horas del martes ante el tribunal compuesto por los magistrados Luis Miguel Columna, Soledad Jiménez de Cisneros y Luis Durbán.
Sin embargo, su abogado presentó en su exposición de cuestiones previas, convertida casi en alegato, su versión de los hechos. “Hubo actuaciones por parte de la fuerza actuante deliberadas y tendenciosas para presionar moral, civil y profesionalmente a Demetrio Carmona”, afirmó Miguel Campos.
Empresarios
Tres empresarios acusados en el proceso, que comparecieron ayer, aseguran que hubo encuentros entre los implicados, pero que nunca hubo extorsión ni amenazas. “Este señor tenía unos dinares, yo conocía a un señor que podía tener a un comprador y son ellos los que negocian”, explicó un procesado.
El empresario J. A., acusado de una presunta extorsión negó cualquier tipo de amenaza y afirmó que medió con altas autoridades políticas de Almería para solucionar un problema de Carmona con la Agencia Tributaria.
Por su parte, el fiscal David Calvo pide penas que oscilan entre los 3 años y 11 meses y los 9 años de cárcel por extorsión, falsedad y pertenencia a grupo criminal. Según el escrito de acusación, los imputados acordaron organizar un sistema de extorsión para conseguir grandes cantidades de dinero que luego repartirían. Para ello, se valdrían presuntamente de los contactos de Demetrio Carmona, con casi tres décadas de trayectoria profesional en la provincia de Almería como jefe de la Abogacía del Estado.
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