Los informes forenses centran la reanudación del juicio contra Ana Julia

El tribunal de jurado contra Ana Julia Quezada, procesada por la muerte violenta del niño de ocho años Gabriel Cruz en Rodalquilar (Níjar, Almería) en febrero de 2018, se ha reanudado este lunes con la pericial forense que se celebra a puerta cerrada por decisión de la magistrada-presidenta, Alejandra Dodero.

La única acusada por el crimen ha mostrado, una vez se encara la recta final de la vista oral que el martes vivirá la jornada en la que las partes detallarán sus conclusiones tras la prueba practicada en sala, una actitud bien distinta a la de los días previos y tanto al acceder al edificio de la Audiencia Provincial como en sala ha mantenido en todo momento la cabeza gacha y el rostro parcialmente oculto por el cabello.

El informe aportado a la causa por los forenses del Instituto de Medicina Legal (IML), al que ha tenido acceso Europa Press y que han descrito en apenas una hora ante el tribunal, indica que la causa de la muerte fue una "asfixia mecánica por sofocación manual", concretamente según precisa, "una oclusión extrínseca de los orificios respiratorios" y señala que el mecanismo responsable del fallecimiento es "casi exclusivamente la anoxia anóxica".

"La oclusión directa de los orificios respiratorios, debido a la aplicación de una fuerza desproporcionada entre el agresor y la víctima, ha dejado lesiones típicas de este mecanismo de muerte (...) debido a la presión ejercida", traslada para fijar la hora de la muerte del menor entre las 15:30 y las 16:30 horas del día 27.

Siete mujeres y dos hombres

El informe que están desgranando ante las siete mujeres y los dos hombres que deben dirimir la culpabilidad o no de Quezada de un delito de asesinato recoge "varios traumatismos sobre la zona craneal" que indican "golpes repetidos sobree una superficie plana como pared o suelo", pudiendo deberse, según subraya, "al propio mecanismo de sofocación en el que cual se aplica una fuerza importante sobre la zona buco-nasal, estando la cabeza apoyada contra dicha superficie plana".

También está previsto que declaren cuatro peritos del Instituto Nacional de Toxicología, con sede en Sevilla, y lo hagan por videoconferencia, y los médicos que elaboraron el informe pericial de parte con el que la acusación particular que ejercen los padres del niño, Patricia Ramírez y Angel Cruz, pretende demostrar que Ana Julia Quezada incurrió en ensañamiento.

La puerta cerrada, que se decretó también para la testifical de los padres, la abuela paterna y una prima menor de Gabriel Cruz, llega después de que la acusación particular presentase un informe del Servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía (SAVA), dependiente de la Junta de Andalucía, en relación a la situación psíquica y emocional de los padres.

Mediatización

La resolución recogía parcialmente el contenido del informe del SAVA, que advierte del estado de "victimización secundaria" de los progenitores de Gabriel Cruz por, entre otras causas, el "uso desmedido de la mediatización del caso" y remarca que se ha generado "un estado crónico de temor al daño psicológico irreparable en la familia".

Añadía que el hecho de que el juicio sea público y "grabado" generaría "una profusión de noticias, programas e impactos que darían lugar a un contexto tan terrible como innecesario de evocación del trauma".

Los técnicos del SAVA apuntaban, también, a que la "victimización secundaria sufrida" por Angel Cruz y Patricia Ramírez "se verá sin duda agravada si se hacen públicos los detalles de la autopsia, los contenidos de los informes psiquiátricos y psicológicos o los detalles acerca de cómo se produjo la muerte del menor".

"Indica el SAVA que hay detalles de la autopsia que los familiares del niño desconocen y que los informes psicológicos de los padres contienen información delicada", concluía la magistrada para atender la solicitud de las acusaciones personas en la causa.

Amparo

Cabe recordar que los padres del niño de ocho años Gabriel Cruz han demandado a diversas instituciones y entidades "amparo ante las amenazas que la cita judicial" comporta para sus derechos fundamentales como "víctimas de delitos violentos", así como respeto a la "memoria" del menor, y de "la intimidad, el honor e integridad de su familia".

En un escrito "exhaustivamente documentado", solicitaban que se "evite" realizar informaciones relativas a los informes forenses relativos a su hijo "que puedan dañar su imagen y ocasionar un dolor enorme a su seres queridos", así como un uso "responsable" de esta.

Así, hacían un llamamiento "general" a la "contención" en el tratamiento informativo y reclamaban "de forma expresa" medidas en torno a los contenidos de los informes periciales relativos a cómo falleció el menor, "así como los suyos propios por pertenecer al ámbito de la intimidad y de la privacidad". En su escrito también esperaban que la magistrada presidenta del tribunal, Alejandra Dodero, adoptase "medidas de protección en los contenidos más sensibles".