Fiscalía investiga el ‘gran’ proyecto para un hospital de la marihuana

El proyecto multimillonario para la construcción de un gran centro hospitalario y científico de la marihuana en la provincia de Almería tiene sus días contados, cuando apenas comienza a arrancar. La iniciativa anunciada por el empresario Antonio Veiga, cara visible de grupo GSG International Business Investment, con apenas 3.000 euros de capital social, choca contra el muro de la legalidad. 

La Fiscalía Antidroga, en coordinación con la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional, ha abierto una investigación para examinar la comisión de posibles delitos en el proyecto destinado al cultivo de marihuana con fines medicinales y su posterior uso en un centro hospitalario. Con el actual marco normativo, llevar a la práctica esta idea es sencillamente ilegal.

La Fiscalía tomó declaración el pasado miércoles a Antonio Veiga y a dos directores de la empresa, según fuentes del caso consultadas por LA VOZ DE ALMERÍA. Los tres prestaron testimonio asistidos por sus abogados para responder a preguntas sobre el grado de ejecución de la iniciativa.

La empresa promotora cuenta con un acuerdo para plantar cannabis en una finca ubicada en el paraje nijareño de Los Jimenillos, aunque aún no se ha sembrado ni una semilla de marihuana, según la investigación desarrollada por la Comisaría de la Policía Nacional.

El objetivo, según el empresario, era generar una producción sostenida para alimentar a una farmacéutica canadiense llamada Mandara Pharma, proveer a un centro médico en La Vega de Acá (Almería) e impulsar un laboratorio de investigación sobre las propiedades del cannabis. 

Sin permisos

El proyecto ascendería a más de 300 millones de euros, aunque no hay rastro de inversores ni compromisos firmados con la mencionada empresa norteamericana. Sí, en cambio, hay ‘apalabrado’ un invernadero en la Comarca de Níjar que hoy cuenta con una producción de tomates.

Tampoco existen permisos para cualquiera de las reducidísimas opciones de cultivo en Almería, bajo estricto control de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). 

Antonio Veiga reconoció que no cuenta con licencias para la explotación de la marihuana en estas condiciones, aunque mostró su voluntad de iniciar los trámites para conseguirlas. 

Sin embargo, según ha confirmado LA VOZ, la AEMPS no ha otorgado ningún tipo de permiso a GSG International Business Investment y tampoco tiene sobre la mesa ninguna solicitud de autorización relacionado con el cultivo para fines científicos o medicinales. Por tanto, la sociedad no podría cultivar legalmente y menos aún exportar las sustancias  obtenidas a países como Canadá, sea como picadura, aceite o cualquier otro derivado.

Más aún, la AEMPS ha manifestado en sus informes que en España no se han establecido programas de uso del cannabis con fines médicos (esto es distinto de la existencia de fármacos legales con extractos de cannabis). La investigación de la Fiscalía y la Policía continúa abierta.