Antonio Veiga buscó apoyo de las instituciones de la provincia de Almería para legitimar su proyecto de cara a la captación de posibles inversores. El empresario contactó con la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y con el Ayuntamiento de Almería para presentar la idea.
El hombre de GSG International Business Group mostró especial interés en la posibilidad de acceder a suelo en Almería para la construcción de un centro hospitalario, una zona residencial y una instalación dedicada a la investigación de las propiedades terapéuticas del cannabis.
En estos contactos el empresario investigado por la Fiscalía Antidrogas se valió de un enlace residente en Almería, según manifestó, que le hizo decantarse por esta provincia frente a otras propuestas en la Comunidad Valenciana.
No consta que el Ayuntamiento de Almería o la Delegación del Gobierno se comprometieran a apoyar la supuesta inversión multimillonaria, pero sí que existieron varios encuentros.
Los anuncios de GSG generaron un enorme interés en foros y publicaciones especializadas, dado el empaque que parecían ofrecer (reuniones con políticos, supuestos inversores internacionales y una maqueta de un arquitecto) y las expectativas para aquellas personas y colectivos favorables a una futura legalización.
Ahora el asunto se enfrenta a una investigación penal iniciada por la Fiscalía Antidrogas y desarrollada por la Policía Judicial de Policía Nacional en Almería.
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