El juicio por la macrocausa derivada de la Operación Poniente por presunta corrupción municipal y empresarial en torno al Ayuntamiento de El Ejido (Almería) sienta este viernes en el banquillo a 49 personas y otras 26 entidades jurídicas en su primera sesión, en la que se debatirán la supuesta prescripción de delitos fiscales.
La vista oral, para la que se han adaptado las dependencias de la Audiencia Provincial de Almería a fin de dar cabida en sala a los acusados, sus 28 abogados, la acusación particular, la Fiscalía y el tribunal, que llega 3.734 días después de la detención, entre otros, de quien era entonces alcalde de El Ejido, Juan Enciso, y del exinterventor municipal José Alemán, considerado inicialmente como el cerebro de la supuesta trama.
Las defensas van a contar con esta primera sesión, prevista a partir de las 10,00 horas, y otras dos fechadas el 17 y 24 de enero para exponer numerosas cuestiones previas, aunque en su mayoría coincidentes, sobre las que debe resolver el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. El interrogatorio de los acusados comienza el 30 de marzo.
El exregidor ejidense alega en su escrito de defensa una vulneración del derecho fundamental a tutela judicial efectiva, vulneración del secreto de las comunicaciones, infracción del derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas, y la prescripción de los 16 delitos fiscales que le imputan pese a que, según subraya, los inspectores de Hacienda “mantienen en su pericial que ha vivido en concordancia a sus ingresos”.
Para el letrado Francisco Torres, el exalcalde y su familia han sido a lo largo de estos años víctimas “de acoso y derribo” y remarca, al margen de la “dureza” de estar en prisión “los muchos meses que estuvo”, el sometimiento a “escarnio público que supuso que después de más de una año de estar decretado el secreto de las actuaciones, se alzara el mismo solo en relación a las escuchas telefónicas”.
Defensa
Entiende que, de este modo, se “facilitó la publicación diaria, en portada, de las transcripciones contenidas en aquella interceptación”.
Por la presunta trama en torno a la empresa mixta Elsur, participada por el Ayuntamiento de El Ejido y la multinacional Abengoa, el exalcalde se enfrenta a 64 años de cárcel y 42 años de inhabilitación. Hay un total de 48 procesados para los que se pide un total de 1.545 años de prisión y 99 de inhabilitación para cargo público por 14 tipos delictivos. El importe total de las multas asciende a 884 millones de euros.
El exinterventor municipal José Alemán, quien también fue arrestado aquel 20 de octubre de 2009 y para el que la fiscalía pide 64 años de prisión, plantea hasta ocho cuestiones previas para solicitar la nulidad del proceso. En una de ellas, alega que la investigación “está viciada por ser resultado de una pesquisa general, fruto de una investigación prospectiva generalizada y prohibida constitucionalmente”.
También arguye la existencia de dilaciones indebidas ya que las diligencias se incoaron en 2007 con prolongación “excesiva” del secreto sumarial “sin causa que lo justificara, causando indefensión” y argumenta que los 16 delitos fiscales de los que se le acusa habrían “prescrito”.
Su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, sostiene que se ha producido “ruptura de la cadena de custodia” y que hubo detención “irregular” en el arresto que derivó en su ingreso provisional en prisión aunque quedó en libertad a los nueve meses tras pagar una fianza de 600.000 euros.
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