Quiero hacer una serie de reflexiones, tras haberse decretado el Estado de Alarma, en relación con la forma de llevar a cabo las Custodias compartidas y régimen de visitas de los menores de progenitores separados.
El Principio rector debe ser en todo momento priorizar la evitación de la cadena de contagio del COVID19. Para ello, es crucial analizar caso por caso con la máxima responsabilidad y generosidad, tanto por parte de los progenitores como de los abogados que intervengan, y no aplicar automatismos.
Debemos todos juntos hacer una reflexión desde la responsabilidad acerca de la jerarquía de intereses que están en juego y, en estas circunstancias extremas, limitar los movimientos y encuentros de los niños sin seguir rígidamente el régimen de visitas o custodia fijado, es una forma de proteger a los menores, no tanto por su riesgo directo por el contagio (los menores no están calificados como una población de riesgo en esta situación), aunque también, sino para que la limitación de los intercambios y movimientos (los menores son unos de los principales ejes de contagio) pueda contener la propagación del COVID-19 a toda la población.
Y esto significa también la protección de los niños desde una perspectiva y realidad responsable, tanto presente como futura, para posibilitar que puedan seguir teniendo a sus abuelos y progenitores, y demostrar que somos una sociedad que, en situaciones límite, ha sabido ver realmente donde está su verdadero interés y protegerlo.
Tenemos la triste oportunidad en estas circunstancias de enseñarles a nuestros menores que la vida a veces te pone en situaciones en las que es necesario hacer un enorme sacrificio; en este caso, limitando el tiempo de permanencia con las personas que más quieres, pero que ese sacrificio individual va a permitir un bien común mucho mayor, como es el que entre todos consigamos salir de esta situación cuanto antes.
Redescubrir la solidaridad
La vida de nuestras familias necesita más que nunca que los Abogados que intervengan ayuden al redescubrimiento de la solidaridad entre sus miembros, reforzando los lazos de la familia que, en demasiadas ocasiones, se han visto maltrechos tras el procedimiento judicial.
Habrá casos en los que sea necesaria la protección a través de los Juzgados, pero el mensaje debe ser el del entendimiento de los progenitores, valorando qué progenitor tiene menor situación de riesgo y propagación del COVID19; agrupando tiempo de permanencia con los menores y compensando el perdido en un futuro; reconociendo el sacrificio y el esfuerzo de ambos progenitores, el que no pueda estar con sus hijos el tiempo al que tiene derecho y el del que permanecerá con los menores en aislamiento, con la sobrecarga física y mental que ello conlleva.
Y debe hacerse también una llamada a la máxima responsabilidad de los Abogados, a fin de evitar la judicialización, traduciendo su labor en una ayuda fundamental para el entendimiento de las familias, donde podrán examinar caso por caso, y hacer que prime la sensatez y el sentido común para promover acuerdos, desde una práctica mucho más generosa y solidaria para toda la sociedad que el acudir a un Juzgado en las circunstancias actuales.
La protección de la vida desde el derecho más natural, está por encima y trasciende en estas circunstancias a la aplicación rígida y automática de unas normas hechas para otra realidad diferente a la actual. No podemos permitirnos como sociedad el encorsetamiento en ese pasado, sino luchar con fuerza todos a una por la vida futura.
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