“La crisis pone de relieve las graves deficiencias del poder judicial”

La dimensión de la pandemia de coronavirus ejerce un poder gravitatorio. Nada escapa. Todo queda unido irremediablemente por la dimensión de la crisis económica y humanitaria. La interminable lista de efectos colaterales incluye una presumible avalancha de procesos laborales y civiles en los juzgados, donde desembocan los conflictos emanados de despidos, impagos, reclamaciones...

Las perspectivas a corto y medio plazo tienen en alerta a los operadores jurídicos. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dedicado un apartado de su última memoria anual, enfocada en las cifras del año pasado, a analizar las consecuencias más inmediatas de la crisis sanitaria.

“Nos encontramos ante un horizonte incierto que nos obliga a gestionar la carga de trabajo pendiente antes de la emergencia sanitaria, que ya presentaba síntomas de colapso, junto a la presumible avalancha de asuntos vinculados con la crisis económica que amenaza con tensionar aún más el sistema judicial”, señala Lorenzo del Río, presidente del TSJA.

“La magnitud del problema se evidencia con las cifras resultantes del elevado número de señalamientos sin celebrar, que deberán reprogramarse en unas agendas ya repletas, lo que revela una tarea de futuro complicada”, añade  en la introducción de la Memoria 2019.

Interlocutores como el juez decano de Almería, David Villagrá, o la presidenta de la Audiencia Provincial de Almería, Lourdes Molina, han manifestado en los últimos meses su preocupación por la incidencia de la pandemia en los juzgados. Una vez atendidas las medidas sanitarias más urgentes, en el horizonte asoman los nuevos procedimientos.

Agendas y tecnologías
Lorenzo del Río recalca además una cierta ineficacia en las políticas para la Administración de Justicia, esto es, un tirón de orejas para quienes tienen responsabilidades en este terreno. “Esta crisis sanitaria, social y económica, vuelve a poner de relieve la falta de modernización del poder judicial, dadas las graves deficiencias que se han puesto de manifiesto así como el agravamiento que, con toda probabilidad, se va a producir”, explica el TSJA.

“Encuentra complicada justificación que se hayan tenido que paralizar los procesos cuando llevamos años implementando el uso de los medios digitales para mejorar la gestión y modernización de nuestros juzgados y tribunales que, no olvidemos, es también un mandato legal”, continúa.

Lorenzo del Río asegura que “la incidencia (de la crisis en los juzgados) habría sido mucho menor en otro contexto organizativo y tecnológico del que por ahora carecemos”.

En la provincia de Almería se suspendieron el 90 por ciento de los actos procesales previstos y solo se celebraron aquellas vistas consideradas urgentes o cuyo aplazamiento suponía un ataque directo a derechos fundamentales.  Se protegieron especialmente los asuntos vinculados a violencia de género, por ejemplo.

Además, tanto la Audiencia de Almería como los ocho partidos judiciales de la provincia han iniciado una reprogramación de agendas. Los juicios con jurado deberán comenzar en septiembre y la actividad se ha retomado con cierta normalidad ya en julio.

La Junta de Andalucía ha habilitado salas con mamparas y se exigen medidas de seguridad e higiene en todas las sedes judiciales de la provincia para prevenir contagios. “La incidencia de la epidemia del Covid-19 provocará un considerable incremento de la litigiosidad”, vaticina el TSJA en su memoria.