A la cárcel por estafar 36.000 euros al anciano que cuidaba

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a un año y medio de prisión a L.M.M.M. por un delito de estafa después de que se apropiara de 36.000 euros que pidió como "préstamo" al anciano de 93 años que cuidaba "aprovechándose de la relación de confianza generada"; una cantidad que "no tenía intención alguna de devolver".

La sentencia de la Sección Segunda, consultada por Europa Press y sobre la que cabe recurso de apelación, da por probado que entre los años 2015 y 2018 la acusada prestó sus servicios como empleada de hogar y cuidadora de la víctima en su domicilio, con lo que "aprovechándose la relación de confianza creada, de la necesidad de afecto y de un incipiente deterioro cognitivo" del mismo, fingió necesitar dinero para comprar una vivienda.

Con intención de obtener un "ilícito beneficio" y bajo el acuerdo de que le devolvería el dinero, consiguió que la víctima le entregase 36.000 euros que "incorporó a su patrimonio" a través de distintas tandas en metálico y por transferencia entre noviembre de 2017 y enero de 2018. La sentencia apunta que deberá indemnizar con la mencionada cantidad a los herederos del perjudicado.

El tribunal, que avala la legitimidad de los herederos de la víctima para continuar con el procedimiento después de que este muriera ya interpuesta la denuncia, considera que la acusada se valió de la relación de confianza así como de su edad y de su estado de salud, al presentar cierto grado de demencia, para "lograr extraer de sus cuentas una elevada cantidad de dinero" sin que este fuera usado "en la adquisición de inmueble alguno".

No obstante, el tribunal apunta que los hechos no reúnen los requisitos suficientes para agravar la condena bajo la condición de un delito continuado, tal y como interesaba la Fiscalía que pedía cinco años de cárcel al igual que la acusación particular, al no apreciar un "plus que vaya más allá de lo naturalmente asociado a la mayoría de las estafas en que siempre se traiciona una confianza".

Un cuaderno sospechoso como prueba

Durante el juicio se advirtieron dudas sobre la intención real de la acusada para devolver el dinero con pagos de 200 euros al mes "extrayéndolo de su sueldo", lo que trató de corroborar aportando un cuaderno que supuestamente pertenecía al finado y que fue impugnado por las acusaciones al cuestionar tanto los apunte que contenía como la caligrafía.

"Fácil hubiera sido acreditarlo mediante la presentación de la nómina por cantidades inferiores o con recibos", ha indicado el tribunal, que apreció además contradicciones en las versiones de la acusada sobre si el dinero era una donación o un préstamo, toda vez que esta misma llegó a reconocer que con el dinero "hizo frente a una deuda y se arregló la boca" mientras que el resto lo remitió "a Colombia".

Aunque se han invalidado las declaraciones tomadas al perjudicado antes de su fallecimiento porque no fue citado el letrado de la defensa, apunta a otras pruebas y manifestaciones de los denunciantes, hijos del finado y testigos "que resultan incriminatorias y acreditativas del engaño utilizado". Además del relato de los hijos, un trabajador de la sucursal aseguró que el finado acudió para efectuar tal transferencia y que fueron sus superiores quienes, al comprobar que era una operación de elevada cantidad, los que decidieron dar aviso a la hija de la víctima, quien se presentó allí y comprobó la presencia de la acusada.

"También sibilina y premeditadamente acudió a la gestoría, ella sola, para asesorarse del pago de impuestos en caso de donaciones", recoge de otro testimonio el tribunal, para el que "el ardid o engaño es nítido en tanto que la voluntad en su caso de devolver el dinero prestado no existía, pretendiendo mediante la argucia de una donación quedarse con las cantidad obtenida". Así, sostiene que la última actuación de la acusada "abusando de la demencia" del perjudicado consistió en intentar que ante notario reconociera este que "todo el dinero que le había entregado fue por su voluntad" y "gratuitamente".

Pese a que la defensa trató de hacer ver que el perjudicado se encontraba en buen estado de salud en cuanto a sus capacidades mentales, el tribunal confiere mayor valor a la aportación del forense, quien explicó "hasta la saciedad" que el déficit mental que padecía la víctima "fue detectado por su médico de cabecera" si bien "resulta un proceso paulatino de duración en el tiempo".