La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha condenado a 57 años y medio de prisión a ocho personas acusadas de organizar un alijo de 3.600 kilos de hachís en las costas de Almería y Murcia.
El TS modifica parcialmente una sentencia de la Audiencia Provincial de Almería y rebaja las penas de prisión para cuatro de los acusados en la investigación desarrollada por agentes del EDOA y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en el verano de 2016.
Los traficantes, que habían abortado una primera operación por fallos mecánicos, organizaron la entrega del alijo en alta mar una madrugada del mes de septiembre. Para ello alquilaron un yate que fue amarrado, revisado y reparado en el Puerto de Roquetas de Mar antes de partir hacia las costas de Argelia, esto es, en ruta hacia el Levante.
Según consta en la sentencia consultada por LA VOZ DE ALMERÍA, el principal acusado (16 años de cárcel) y dos colaboradores (9 años y 5 años de prisión respectivamente) coordinaron la operación desde el municipio almeriense aquella noche, en comunicación directa con el yate que esperaba la descargada desde una lancha rápida en aguas internacionales.
La Guardia Civil desarrolló una operación minuciosa de seguimiento e identificación de sospechosos y, con la correspondiente autorización judicial, abordó el yate de pabellón español el mediodía del 7 de septiembre de 2016.
“Los funcionarios que acceden al barco observan en el piso, bajo la cubierta, apiladas y en una cantidad que impedían cerrar las puertas, la existencia de fardos de los que habitualmente contienen hachís”, explica la resolución judicial. “Contaron de manera superficial 152 fardos distribuidos en el tambucho de proa, camarote de estribor y baño de babor”.
Abordaje A bordo había tres personas, detenidas en la intervención de la Benemérita. Sin embargo, la investigación no terminó ahí. Los agentes tenían dos objetivos, a saber, llevar el barco y la carga a un lugar seguro y apresar a los colaboradores que esperaban en tierra a descargar el hachís.
La primera maniobra no estuvo exenta de complejidad. La embarcación Río Miño de la Guardia Civil tuvo que auxiliar al yate, con serios problemas de gobierno y cargado con 3.600 kilos extra.
El barco acabó finalmente en Cartagena (Murcia) a disposición judicial, en un caso con múltiples ramificaciones, varios juzgados de instrucción implicados y también participación del Cuerpo Nacional de Policía.
Paralelamente, se activó la segunda parte de la operación con un despliegue en tierra. Los agentes registraron una propiedad en la pedanía de Las Matanzas de la localidad murciana de Santomera, donde encontraron armas, munición, 6.000 euros en metálico y documentación del Club de Mar de Almería sobre una embarcación.
Recurso En los registros también se hallaron pequeñas cantidades de hachís, teléfonos móviles y una factura presuntamente correspondiente a la reparación del yate, que había tenido fallos mecánimos y obligó a frustrar un primer intento a principios de ese verano.
El TS mantiene la pena de 16 años de cárcel para el principal acusado por dos delitos contra la salud pública. No obstante, rebaja casi un tercio las penas de cárcel para otras cuatro personas, incluidos los tres tripulantes descubiertos con el alijo en alta mar.
El tribunal les exime del delito de organización criminal, a pesar de observar su rol clave en la operación para alijar la droga. “La calidad de partícipe en un delito programado por una organización no convierte necesariamente al partícipe en miembro de la organización”, expone la resolución. Los cuatro recurrentes cumplirán entre cinco y seis años de prisión por estos hechos.
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