El Ministerio responde a las quejas de los abogados

El Ministerio de Justicia ha puesto en marcha el Plan de arranque del año Judicial para asegurar la adecuada prestación del servicio, “garantizar el rendimiento y reaccionar de forma rápida y eficaz a las incidencias que puedan producirse en el sistema”.

Unos preparativos de inicio que este año han tenido como antesala la excepcional habilitación de parte del mes de agosto en virtud del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Tras analizar las cifras de uso del sistema de comunicaciones electrónicas Lexnet, se muestra que abogados y procuradores han hecho “un uso intensivo durante el periodo hábil, aumentando tanto la recepción de notificaciones como la remisión de escritos de inicio de demandas y de trámite a los órganos judiciales”.

Durante el periodo hábil de agosto de 2020, respecto al mismo periodo de 2019, se observa un aumento considerable en todos los actos de comunicación. 

Reivindicaciones En particular, el número de notificaciones ha sido de 1.310.000 (un 1.000% más respecto a 2019), y los abogados y procuradores han presentado más de 110.000 escritos iniciadores de demandas (un 245% más que el año anterior) y más de 436.000 escritos de trámite (un 585% más).

La interpretación del Ministerio de Justicia choca con la versión del Colegio de Abogados de Almería que se ha adherido a las quejas emitidas por el Consejo Andaluz. “Se está  produciendo una desconsideración intolerable hacia la figura de los abogados, primero realizada por  el  Ministerio  de  Justicia,  después  por  los  grupos  políticos  parlamentarios  que permitieron su aprobación, y finalmente por los propios juzgados y tribunales, que están  celebrando  actos  judiciales  y  notificando  resoluciones durante  este  mes  de manera claramente innecesaria, en perjuicio de los abogados, lo que acrecienta aún más la sensación de desprecio y olvido de los legítimos derechos de los profesionales de la Abogacía a la conciliación familiar”, critica el Colegio.