Consejeros de Elsur acusados en Poniente: “El Consejo nunca fue ejecutivo”

La tercera sesión de interrogatorios en el juicio oral del denominado Caso Poniente ahondó en el papel de los miembros del Consejo de Administración de Elsur en la subcontratación de servicios municipales, mecanismo considerado por la acusación como clave en la supuesta desviación de fondos públicos en El Ejido.

De forma simplificada, las acusaciones creen que las empresas engordaban facturas o simulaban trabajos para apropiarse de cantidades millonarias procedentes del canon que el Ayuntamiento de El Ejido pagaba a Elsur. Estas sesiones iniciales estudian precisamente el rol de los consejeros y su posible connivencia.

Manuel Fernández Heras y Miguel Ángel Abad, representantes de Aygesa, componente de la parte privada de Elsur, prestaron declaración en la mañana del miércoles ante el tribunal de la Sección Tercera Audiencia Provincial de Almería  para incidir esencialmente en el testimonio prestado antes por el director general Antonio Borrero.

Esto es, los miembros del Consejo de Administración solo tenían labores de supervisión y no bajaban al detalle de las subcontratas salvo para ratificar las decisiones del director general de Elsur, Manuel Caballos. “El Consejo nunca fue ejecutivo”, aseveró Abad. “El señor Caballos tenía plenos poderes para subcontratar”.

Los acusados aseguraron que el Ayuntamiento de El Ejido era perfecto conocer de las subcontrataciones, que los consejeros pensaban que los servicios se prestaban y que el canon que aportaba el Consistorio estaba en precios de mercado, aunque era rebajado ligeramente respecto a la propuesta inicial. “El canon teórico era mucho mayor y parece que siempre había una negociación entre el Ayuntamiento y Elsur y lo dejaban en una cantidad menor”, expuso Fernández Heras.

Ambos declarantes incidieron en las dificultades económicas que atravesaba la sociedad mixta por el retraso en los pagos de Elsur y que su voluntad era mantener su viabilidad, por eso no cobraban dividendos. “Para fortalecer a la compañía y pensado que la deuda era un tema puntual, no estructural, se decidió que directamente no se iban a cobrar dividendos”, añadió Abad.

Viabilidad económica

Los acusados negaron su conocimiento de irregularidades, salvo la subcontratación a empresas de José Amate, que también era consejero, y en la que tomaron medidas. En agosto de 2006 se detectó el problema de una presunta incompatibilidad. “No podía estar a los dos lados de la mesa”, dijo el acusado Antonio Borrero en la segunda jornada.

“Yo conozco la relación con el señor Amate a partir de 2006. El 8 de agosto de 2006, me llama el director general, Antonio Borrero, porque nos dicen que tienen una información muy relevante. (…) No sabía nada, no lo podía imaginar”, explicó Fernández Heras.

Según la versión de los dos acusados, nunca participaron en ninguna actividad ilegal y su misión era promover la viabilidad de la empresa ante la grave situación financiera que atravesaba.

El Caso Poniente estudia el presunto desfalco millonario en las arcas públicas de El Ejido hace más de 11 años. El ex alcalde Juan Enciso y el ex interventor José Alemán son los principales señalados en la investigación desarrollada por la Policía Nacional.

Tras diversos aplazamientos, el juicio se desarrolla en una sala especial habilitada por la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía en el Palacio de Exposiciones y  Congresos de Aguadulce (Roquetas de Mar). Las vistas se van a prolongar hasta el próximo verano con más de 40 acusados y 30 abogados. En la sesión prevista este jueves se ha anunciado el interrogatorio de cuatro acusados, también con responsabilidades en la sociedad Elsur durante el periodo investigado.