Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Almería, Juan Cano Bueso ha presidido durante 17 años el Consejo Consultivo de Andalucía. Autor de más de 120 publicaciones, acaba de ver la luz el trabajo que ha realizado junto a Rafael Escuredo, Valió la pena. La lucha de Andalucía por su autonomía, que relata la intrahistoria de un proceso histórico en el que Almería tuvo un papel clave por ser la única en la que fracasó el referéndum
¿Por qué los almerienses no creían en ser parte de la autonomía?
Bueno, yo no lo formularía exactamente así. Varias razones llevaron al fracaso del referéndum en Almería. En primer lugar, el censo electoral estaba inflado, en torno al 20 por ciento. En segundo lugar, los miembros de UCD de Almería obedecieron a la dirección nacional de Suárez, y no siguieron la escisión de Clavero Arévalo a favor de la autonomía por el 151. En tercer lugar, había muchos partidarios de aquello que se llamaba las dos andalucías. Y en cuarto lugar por la influencia de los medios de comunicación en contra del referéndum. Con todo, hubo muchísimos más votos a favor que en contra, pero unas 20.000 abstenciones hicieron que el referéndum fracasara.
Y a partir de ahí se desencadena una búsqueda de soluciones jurídicas, forzando las costuras de la propia Constitución. ¿Es lícito forzar las normas hasta que salga, por decirlo así, lo que uno quiera?
Hubo en octubre de 1980, una gran concentración de más de 15.000 personas en Almería. Y allí fue donde Escuredo pronunció aquella frase de que mientras él fuese presidente, Andalucía caminaría por el 151 o por ninguno. El pacto fue a finales de octubre entre el presidente Suárez y Felipe González, y consistía en la aprobación de dos leyes orgánicas, una mediante la cual quedaba validado el referéndum en las siete provincias que habían superado el 50% y una segunda ley por la cual los parlamentarios de Almería sustituían la voluntad fallida de los ciudadanos e incorporaba a Almería al proceso autonómico. Ciertamente que para eso hubo que hacer una interpretación un tanto elástica de la Constitución, pero nadie la recurrió de inconstitucionalidad. Y hoy aquellas normas son todas normas muertas.
¿Podría ser un precedente aplicable hoy? Un ejemplo: si en Cataluña se llegara a un referéndum y el resultado no conviniera al propósito de alguna de las partes.
No, porque mientras en aquel momento se trataba de una interpretación constitucional, aquí la Constitución es perfectamente clara. La unidad territorial es un principio constitucional fundamental y la soberanía nacional reside en el conjunto de los ciudadanos que componen el territorio español. Ninguna constitución democrática permite la secesión de una parte de su territorio. Ninguna.
Valió la pena es el título del libro que ha escrito junto a Rafael Escuredo. ¿Por qué ha valido la pena la autonomía?
Yo creo que durante estos cuarenta años hemos conseguido la consolidación de la democracia y la modernización del país en todos los aspectos. Hemos abierto nuestra economía, hemos ingresado en la Unión Europea y en las instituciones comunitarias, con todo lo que supone entrar en el club privilegiado de las democracias más avanzadas. Y hemos construido una descentralización territorial, la única que ha tenido éxito en toda la historia de España, en un tiempo récord y, sobre todo, un Estado social que está justamente en manos de las comunidades autónomas, que es la joya de la corona: la sanidad pública universal y gratuita, la educación pública universal y gratuita, la dependencia, los servicios sociales... El país ha cambiado absolutamente para bien.
¿El autonómico es un modelo exitoso?
Totalmente. Si no hubiese sido por la descentralización política y la implicación de las élites políticas territoriales, y del empuje de nuestros ciudadanos para levantar Andalucía, para salir de la postración, Andalucía hubiese cambiado muy poco respecto de la tradición que traía arrastrada desde el siglo XVIII. Estaríamos anclados en el desarrollismo franquista, con tres polos importantes, Cataluña, País Vasco y Madrid, y el resto cotos de caza para la burguesía catalana, vasca y madrileña.
Y si Andalucía no hubiera tenido el modelo de autonomía por el que se luchó, el del 151, ¿cómo sería hoy?
Habríamos tenido muchas menos competencias, mucho menos autogobierno, mucha menos influencia política y mucho menos desarrollo. Piense usted que la lectura constitucional que hizo el Gobierno Suárez era la descentralización política como nacionalidades históricas para País Vasco, Cataluña y Galicia y para el resto se pretendía una descentralización meramente administrativa. Y es justamente el referéndum andaluz por la vía del artículo 151 y la autonomía plena lo que hace cambiar esta concepción asimétrica y desigual.
Aquí existe el sentimiento de que dentro de Andalucía, Almería está descompensada. ¿Para Almería ha sido también favorable?
Absolutamente. La gente de Almería tiene el mérito incuestionable de haber levantado una economía extraordinariamente productiva y emprendedora. Pero piense que los canales de comercialización, la acción exterior, la promoción, se han producido en un concierto general de integración de España en la Unión Europea. El esfuerzo de los almerienses hubiese sido endógeno y autárquico si no hubiese existido una modernización del Estado, un Estado autonómico y una democracia fuerte que pesa en Bruselas.
¿El modelo autonómico en qué necesitaría ser mejorado?
Todas las estructuras de gobierno pueden ser mejoradas. ¿Cómo veo yo la cuestión? Pues que en el momento actual, entre las fuerzas políticas, entre las instituciones, falta entendimiento, falta reconocimiento de la pluralidad dentro de la unidad de España.
¿Es un problema del modelo?
Es un problema del modelo y es un problema de una cultura de la integración. Nosotros no hemos conseguido, como, por ejemplo, Estados Unidos, que un ciudadano de Hawai o un ciudadano de Arkansas, se reconozca en la bandera única. Ahí hemos fallado, porque en España se ha construido un Estado desde el centralismo y desde la represión de las pluralidades territoriales. Lo que hace falta es caminar un pasito más en nuestra Constitución, que sería un Estado federal. Nuestro Estado descentralizado carece de instrumentos federales para la coordinación de políticas públicas entre el Estado y las comunidades autónomas. Y la pandemia lo está poniendo de manifiesto.
¿Ha habido que rebuscar mucho para encontrar instrumentos jurídicos?
Exactamente, nuestra Constitución contiene lagunas estructurales que impiden una mayor funcionalidad. Y luego hay un aspecto psicológico, cultural, que es la falta de lealtad institucional.
La lealtad es institucional pero la construyen las personas. ¿Nos falta educación constitucional?
Sin duda, sin duda, es algo que debería enseñarse en la escuela. Esto lo supieron hacer muy bien los gobiernos de Jordi Pujol. Pues lo mismo tenemos que hacer en el conjunto de España. Por encima de catalanes, andaluces o vascos están los españoles en el sentido político del término y, por tanto, los mecanismos de integración cultural de todos los españoles tienen que predominar sobre las particularidades. El Estado español lleva fracasando en esto desde el siglo XIX.
¿En qué situación nos ve como país con la crisis tan fuerte que estamos viviendo, también institucional?
Bueno, veo un factor muy positivo, que para la gente de mi generación es un valor esencial, y es la consolidación democrática. Esto no tiene vuelta atrás, ni la democracia, ni el pluralismo, ni el Estado descentralizado, se llame como se llame.
¿Hay normalidad democrática?
Yo creo que lo que hay que fomentar en este momento es la moderación y la lealtad, porque han aparecido nuevos actores y se ha complicado extraordinariamente el diálogo político y, en particular, perturba la aparición de una extrema derecha con un discurso radical y revisionista. Y, por otra parte, ha crecido el separatismo en algunos territorios. Cuando el espectro político está más centrado, las posibilidades de gobernar por el carril derecho, o por el izquierdo, tienen una previsión y una calculabilidad. Cuando transita por los radicalismos, las consecuencias no son tan previsibles.
Dice Felipe González que nuestra Constitución es no militante, caben incluso quienes quieren destruirla. ¿Es lo bastante fuerte como para resistir?
Bueno, nuestra Constitución hizo esa apuesta para cerrar un conflicto histórico que provenía de la Guerra Civil y se puso a la cabeza del constitucionalismo más moderno. En España se puede ejercer la libertad política en pro del republicanismo, del centralismo, del franquismo, sin que sea perseguible. Cuando Felipe González dice eso está diciendo lo que ya afirmó el Tribunal Constitucional hace 30 ó 40 años, que nuestra Constitución no exige una adhesión, sino el respeto a los valores fundamentales y a las libertades públicas y la defensa por vías pacíficas de cualquier planteamiento.
¿Esa condición la hace más fuerte o más vulnerable a los ataques?
A mí me parece que la hace más fuerte porque confía mucho más en su propia fortaleza. ¿Que ello puede ser aprovechado, y de hecho lo es, por personas que quisieran dar la vuelta de manera revolucionaria al sistema politico? Ciertamente, pero mientras no cometan conductas incursas en el Código Penal, las vías existen con cabida en la amplísima libertad de expresión que se practica en este país.
O sea que podría resistir una “revolución”.
Podría resistir y resiste una opinión pública muy plural, donde caben opiniones absolutamente contrarias al orden constitucional, vamos a llamarlo así.
¿Necesitaría cambiar en algo?
Sí, necesitaría una modernización, un reconocimiento de los derechos de última generación, un cierto blindaje de los elementos básicos del Estado social, la salud, la educación, la dependencia. Y necesitaría en materia territorial un paso más para dotarnos de los instrumentos constitucionales de coordinación, en definitiva, fortalecimiento del diálogo entre los territorios y el gobierno central.
¿Se da el clima para un debate de ese alcance?
No, no se da. Se suele decir que para la reforma constitucional es necesario que exista al menos un consenso como el que se dio en el año 78. Veo difícil que eso se pueda alcanzar hoy día, hay una cierta inestabilidad política y no hay unos mimbres adecuados para emprender una reforma que debe acotar los elementos que quiere modificar y no, como se dice, abrir un melón que no se sabe dónde puede llegar.
Cambiar la forma de la jefatura del Estado, ¿es una aspiración legítima, un posible alcanzable o una insensatez?
Es una aspiración legítima. Lo que sucede es que es un cambio radical de la Constitución. ¿Hay consenso en España para cambiar la Constitución por el procedimiento agravado? No lo hay en modo alguno. Aunque los republicanos son muchos en este país, porque ha habido juancarlistas que eran solo accidentalmente monárquicos, fundamentalmente por la intervención del Rey en el 23 de febrero. Hablo del Partido Socialista y del Partido Comunista. Si las circustancias de la monarquía produjeran desafección, todo ese segmento se volcaría a favor del republicanismo. Pero las condiciones objetivas, insisto, hoy no se dan en absoluto, provocaría una confrontación innecesaria.
Hay sectores que pueden creer que cambiar la forma de jefatura del Estado es tan sencillo como votar y decidir. ¿No hay un riesgo?
Evidentemente. La reforma constitucional no sería el mecanismo, implica una nueva Constitución. Y esa nueva Constitución necesita abrir un proceso constituyente, darle la palabra al pueblo y entrar en una dinámica revolucionaria, aunque sea pacífica. Pero la clave del asunto es: ¿existe el consenso necesario en España y la tranquilidad para producir este debate? ¿Es la monarquía un elemento tan distorsionador que necesita urgentemente abordarse? A mi modo de ver no, mientras sea una monarquía parlamentaria y el Rey sea símbolo de la unidad del Estado, pero no juegue en la política.
¿Es de los que cree que hay que modificar el Código Penal en relación con los delitos de opinión?
Todos los derechos fundamentales tienen sus límites desde el momento en que colisionan con otros. El de la libertad de expresión no puede ser un hueco por el que se cuele la libertad de difamación. Yo creo que la tolerancia es un valor esencial de la democracia y la utilización de mi derecho a la libertad de expresión para conculcar tus derechos al honor, a la intimidad personal, a la presunción de Inocencia, se han llevado muy al extremo. Dicho esto, parece que el Código Penal es un freno a ciertos elementos de la libertad de expresión. Bueno, yo no lo acabo de ver así, pero para eso está nuestro Congreso y nuestro Senado, que discutirán el asunto y si hay mayoría, lo sacarán adelante.
¿Qué aporta este libro sobre el proceso de autonomía que no se haya sabido hasta ahora?
Hemos pretendido Rafael Escuredo y yo hacer un libro de referencia. Por primera vez se cuentan por escrito cuáles fueron las razones de la dimisión de Rafael Escuredo, las divergencias entre Escuredo y Felipe González, las conversaciones con Suárez para desbloquear la autonomía, la escenificación entre la UCD y el Partido Andalucista para reconducir la autonomía fuera del artículo 151. Es decir, los entresijos que llevaron al éxito de esto que se ha llamado la rebelión andaluza para salir de la postergación.
Había tener que tener mucha convicción.
Se tenía enfrente a todos los partidos de centro derecha y a todo el aparato del Estado, más errores en el censo, más los medios de comunicación. Era David contra Goliat y, sin embargo, David, en este caso Rafael Escuredo, consiguió poner detrás de él a un pueblo que vio una oportunidad histórica para abandonar el furgón de cola de España.
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