Nuria Gómez: “Nadie duda que Andalucía necesita una Oficina contra el fraude“

Andalucía ultima la creación de una ‘Oficina contra el fraude y la corrupción’ que aportará nuevas herramientas para el control de las ayudas públicas y favorecerá la protección de los denunciantes. Nuria Gómez es secretaria general de Regeneración, Racionalización y Transparencia, adscrita a la Consejería de Juan Marín (Cs). 

¿Qué aporta la ‘Ley andaluza contra el fraude y la corrupción’ que no esté ya en otras normas? 

La ‘Ley contra el fraude y la corrupción’ atribuye unas funciones a la Oficina, que es la pieza clave del proyecto, y establece un mecanismo para facilitar la llegada de las denuncias, además de la prevención de la corrupción, la investigación y las sanciones. De hecho, la Fiscalía y el TSJA no han trasladado que cualquier herramienta que sume es buena y permite cerrar los vínculos de colaboración entre las instituciones para luchar contra esta lacra.

¿Está pensada para controlar a los servidores públicos o también afecta al sector privado? 

El ámbito de aplicación de la ley afecta a cualquier empresa o persona física que haya sido receptora de fondos públicos de la Junta. Un sindicato que haya recibido una subvención, una empresa que haya participado en una licitación...  en el momento en que se detecte un indicio, puede denunciarse ante esta Oficina.

¿Quiénes la integrarán? 

La Oficina se adscribía inicialmente a la Secretaría, pero queremos que sea un instrumento que funcione  totalmente ajeno al gobierno de turno y es necesario que esté adscrito al Parlamento para que disfrute de la independencia que debe tener. Al fin y al cabo va a controlar la acción del Gobierno. Se propone que la persona que dirija la Oficina sea de reconocido prestigio. En el texto de la Ley se ha trazado la arquitectura y sobre el desarrollo reglamentario se emplaza al Parlamento. Habrá una subdirección encargada de la protección del denunciante y otra de las denuncias y la investigación. El personal serían funcionarios.

¿La elección del director de esa Oficina contra el fraude será discrecional? 

No. La elección dependerá del Parlamento con una mayoría de tres quintos en la primera vuelta y mayoría absoluta en caso de segunda vuelta. Además, esta persona tendrá que presentar una memoria anual de actuaciones ante el Parlamento.

Los grupos han insistido mucho en la protección del denunciante.  

En el texto de la Ley se han trasladado la mayoría de los puntos de una directiva europea que ya ha entrado en vigor y que hay que transponerla. Tenemos plazo hasta final de año, pero hemos intentado incorporar lo máximo. Para este denunciante, por supuesto, respeto a la confidencialidad, al seguimiento de las actuaciones y una posibilidad de solicitar asesoramiento jurídico y psicológico. Quizás esto sea lo más novedoso porque hemos visto en el recorrido de elaboración del texto que las personas que denuncian se someten a situaciones muy difíciles y se sienten en ocasiones coaccionadas. 

¿Y en el caso de los trabajadores públicos? 

En el caso concreto de los empleados públicos hay una protección especial que sería la posibilidad de solicitar la reubicación en otro puesto de similares características. 

La Ley impediría a personas “encausadas judicialmente” acceder a altos cargos de la Junta. ¿Bastará con que sean investigados por un juzgado? 

Se contempla una modificación de la ‘Ley de incompatibilidades de altos cargos’. Cuando entramos el compromiso del Gobierno fue que las personas encausadas tendrían que abandonar sus cargos. Ahora, le damos fuerza a esa promesa trasladándola a un texto normativo. El punto de inflexión sería estar encausado judicialmente, por tanto, cuando se haya abierto juicio oral.

Hay voluntad por fiscalizar al sector privado beneficiado de fondos públicos.

La Oficina pretende que cualquier persona o empresa que conlleve un presupuesto público permita la apertura de una denuncia y tenga que colaborar en la investigación. Pero si la Oficina detecta indicios de un delito, daría traslado al órgano judicial correspondiente.

Adelante Andalucía critica que el Parlamento no apoyara una propuesta similar del grupo en 2016. 

Es cierto que se hizo una propuesta. Yo no conozco lo detalles. Pero también es cierto que en el acuerdo de investidura de Cs con PSOE se incluyó la creación de esta Oficina y durante la legislatura el PSOE nos trasladó que no había intención de ponerla en marcha. De hecho se llevó al Consejo Consultivo, que dijo que la fórmula del Decreto no era la más adecuado. Y quedó en el cajón y quizás fue uno de los puntos claves por los que se rompió el acuerdo de investidura. 

¿Cuándo estará aprobada? 

La creación de la Oficina contra el fraude es un punto del acuerdo de gobierno y nos pusimos a trabajar cuando accedimos. El texto llegó al Parlamento en febrero. Nadie pone en duda, ningún grupo, que Andalucía necesita una herramienta como esta. La comisión la declaró de urgencia y los plazos se han acortado considerablemente. Esperamos que se lleve a debate antes de verano. En julio creo que puede estar aprobado. Luego habría que desarrollar el reglamento.

¿Estará en marcha en esta legislatura? 

Sí, de hecho hay una partida presupuestaria en 2021 de 200.000 euros para la puesta en marcha.