La vigésimo novena sesión del juicio oral del Caso Poniente abordó este lunes los informes de la Agencia Tributaria (AEAT) sobre el papel de las filiales del Grupo Abengoa en la empresa mixta Elsur, participada en un 30 por ciento por el Ayuntamiento de El Ejido y considerada como el epicentro del presunta trama de corrupción.
Los peritos describen “la depredación” de Elsur (expresión utilizada por un abogado) por parte de las sociedades vinculadas a la multinacional Abengoa a través de conceptos intangibles de “asesoramiento y apoyo a la gestión” prestados entre los ejercicios 2002 y 2009. Sobre estos servicios apenas hay rastro documental, según la declaración de los peritos, y existen sospechas de haberse utilizado como un mecanismo para “recibir beneficios por nada”.
Los acusados de esta parte sostienen que el socio privado aportaba el conocimiento técnico y la experiencia acumulada por el grupo y facturaba a Elsur, esto es, se llevaba una parte del canon que pagaba el Ayuntamiento de El Ejido. De forma simplificada, ese asesoramiento se cuantificaba en una previsión llamada “Fee”. Cuando el apoyo se hacía fuera de planificación para responder a necesidades concretas se denominaba “Extra Fee”.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, sostenido sobre los informes de la Agencia Tributaria, “por este procedimiento ilícito, Abengoa, a través de sus mercantiles Befesa y Aygesa, se ha apoderado de la cantidad de 31.089.484 euros”.
En este sentido, los peritos subrayaron durante su declaración en el juicio que “el Fee y el Extra Fee no tenían un sustrato real” y, por tanto, funcionaban como una especie de cajón de sastre donde cuadrar unas cantidades a percibir. “Es claro que esto fue un puro invento para decidir cuánto se llevaban”, dijo el perito en alusión a la elaboración del presupuesto en este apartado de la asesoría a Elsur.
“A final de ejercicio, a principios de enero, se reúnen y deciden cuánto van a cobrar por Fee y Extra Fee. Cuando lo deciden, ponen los contratos con fecha de enero y hacen las facturas”, valoró el mismo perito. “Esto quiere decir que Aygesa primero decide cuánto se va a llevar y después fabrica el contrato, ¿correcto?”, preguntó Rafael Salazar, abogado de Izquierda Unida. “Sí”, respondió el perito.
Las defensas
Como sucedió en las sesiones previas del juicio oral sobre la presunta trama corrupta de El Ejido, las defensas cuestionaron la supuesta sobrefacturación, al no haberse realizado una comprobación de los precios del mercado, y también otros cálculos sobre cantidades y servicios prestados.
Además, los letrados manifestaron que el asesoramiento a Elsur se realizó, era real y correspondía a la experiencia de las empresas del socio privado en el sector. La transmisión de conocimiento, según esta versión, existió y era necesaria para el buen desarrollo de la empresa mixta Elsur.
Por otra parte, la jornada del lunes deparó la exploración de los informes sobre la empresa Urdial Mariyya, vinculada el jefe del Área de Obras Públicas, Agustín Santaella, y sobre Aguilera y Callejón, administrada por Francisco Javier Aguilera, cuñado del alcalde Juan Enciso.
En esta segunda, los peritos aportaron menos detalles y se remitieron al análisis realizado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que apuntaba un supuesto “trato de favor” al cuñado del alcalde en la concesión de contratos. El informe de la IGAE, en cualquier caso, no ha podido someterse a contradicción en sala porque las partes renunciaron a la declaración del perito. La sesión se retoma el próximo viernes con el ‘plato fuerte' de los informes sobre Juan Enciso y Juan Antonio Alemán, ex alcalde y ex interventor.
¿En qué momento está el juicio del Caso Poniente?
El juicio oral del Caso Poniente comenzó el pasado 16 de febrero tras una compleja organización y dificultades técnicas. Hasta ahora han prestado declaración los 44 acusados, los testigos y los agentes de la UDEF de la Policía Nacional. Se han celebrado 29 sesiones. Las últimas cuatro se han desarrollado con cinco peritos de la Agencia Tributaria responsables de informes considerados como pruebas de cargo. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial tendrá que reordenar el calendario para concluir con las vistas a principios de verano. La sentencia tardará todavía varios meses.
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