Primera condena por el cáñamo: 3 años de cárcel y 1,9 millones de multa

El Juzgado de lo Penal número Cuatro de Almería ha condenado a un agricultor a tres años de prisión y 1,9 millones de euros de multa por cultivar casi 6.000 plantas de cáñamo de marihuana en un invernadero del paraje Los Vergeles de Níjar.

La sentencia de la magistrada Marta Inés Sierra es la primera contra una explotación de cáñamo industrial con semillas certificadas e inscrita en el registro de la Junta de Andalucía. En la práctica supone una victoria para la Fiscalía Antidroga de Almería y la Guardia Civil en la campaña contra los cultivos de cannabis que, amparados en un supuesto uso industrial, han proliferado de manera significativa en los dos últimos años.

Según la sentencia consultada por LA VOZ DE ALMERÍA, la magistrada estima esencialmente los argumentos de la fiscal María de los Ángeles Pérez y condena al acusado S. F. a tres años de cárcel por un delito contra la salud pública. El agricultor cultivaba desde 2019 calabacín, pimiento y sandía. A partir de septiembre de 2020 decidió destinar el 20 por ciento de la explotación a la marihuana, para lo que habría invertido 25.000 euros, según señala la magistrada.

Las semillas estaban certificadas para su uso legal, con plantas de bajo THC (sustancia activa de la droga). Sin embargo, ese no es el único requisito para considerar legal una plantación de cáñamo industrial.“La única cuestión controvertida se centra en determinar cuál era el destino que el acusado pretendía dar al producto de las plantas de cáñamo”, indica la magistrada.

“Hay varios indicios que llevan a concluir que éste no era otro que el mercado ilícito de sustancias estupefacientes”. La Policía Judicial de la Guardia Civil halló las plantas “arrancadas y colocadas verticalmente para favorecer su secado”. Además, se le habían retirado los cogollos, parte de los cuales aparecieron empaquetados en dos bolsas ocultas en la claraboya de una caravana.

Asimismo, aunque los fundamentos jurídicos de la sentencia no lo menciona, los análisis periciales revelaron tasas de THC entre el 2 y el 3 por ciento, muy por encima del límite del 0,2 por ciento exigido para el cáñamo.

Campaña de concienciación

La Subdelegación del Gobierno en Almería, la Junta de Andalucía, la Fiscalía, las Fuerzas de Seguridad del Estado y las asociaciones agrarias se reunieron en enero para alertar al sector sobre una práctica potencialmente ilegal.

En la provincia de Almería la superficie cultivada de cáñamo de marihuana se disparó a finales de 2020 hasta las 159 hectáreas, según fuentes oficiales de Agricultura. La justificación del uso industrial (zapatería y telas rústicas) se basaba en un premisa incompleta, a saber, que las plantaciones son legales cuando no superen el 0,2 por ciento de THC (principio activo de la droga).

Sin embargo, la legalidad no depende únicamente de esta cifra de baja toxicidad. Deben cumplirse otros tres requisitos a la vez, esto es, que sean semillas certificadas, que se comunique la plantación a la autoridad competente y que solo se utilicen los tallos (las autorizaciones dela Agencia Española del Medicamento para fármacos se dan en condiciones muy restringidas).

La detención de S. F. el pasado 1 de febrero fue la primera en la campaña contra las plantaciones ilegales. La tesis de que la palabra ‘cáñamo’ avalaba grandes explotaciones regulares se acabó en esa fecha. Desde entonces se han sucedido las intervenciones de decenas de miles de plantas.

Las fuerzas de seguridad del Estado sospechan que se comercializan como marihuana convencional (habitualmente con THC más alto) o bien se mezclan con otros cultivos para engordar los pases de esta droga, con una enorme demanda en el centro y norte de Europa.

El problema llevó a las asociaciones agrarias a lanzar un alerta a sus afiliados en la provincia de Almería ante el riesgo derivado de sembrar cáñamo. No son solo los posibles robos de material, que ya han provocado pérdidas de vidas humanas, sino también el peligro real de acabar en prisión.

Además, después del impulso realizado por la Fiscalía Antidroga de Almería, la Junta de Andalucía creó un formulario de autoevaluación para los agricultores interesados en el cannabis y el Ministerio de Agricultura distribuyó una nota informativa recordando el riesgo de incurrir en un delito contra la salud pública.