“Cada uno tenía su plantación y sus cuentas, pero no nos contábamos nada”

La dos primeras bancadas de dura madera intercalaban policías nacionales y acusados con las muñecas unidas por esposas. Ocho agentes para siete presos. La tercera, cuarta, quinta y sexta fila distribuían el resto de los acusados hasta sumar 22 procesados. Y en las puertas del Palacio de Justicia, sobre la escalinata de piedra gris y los bancos de la Plaza de las Velas, decenas de familiares, adultos y niños pequeños en carritos, mostrando apoyo a los procesados en la denominada Operación Taifa. Desde el corazón del Cerro de San Cristóbal hasta la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Almería.

El macrojuicio comenzó este viernes en la Sección Tercera con una extensa familia sentada en el banquillo por presuntamente cultivar marihuana en viviendas de las calles Fausto García, Luchana y Loma de San Cristóbal, apenas a 300 metros de la Puerta Purchena.

La investigación de la UDYCO de la Policía Nacional comenzó en 2019 y cristalizó en los 22 registros efectuados el 8 de julio de 2020, en plena pandemia. Los agentes hallaron 3.500 plantas de marihuana repartidas por pequeñas plantaciones, tres pistolas y un revólver con los números de serie borrados, una escopeta y un rifle.

El proceso hace una parada en la Sección Tercera de la Audiencia de Almería con los miembros de una familia acusados de delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal,  defraudación de suministro eléctrico y tenencia ilícita de armas.

Estrategias Los letrados abrieron la sesión con una batería de peticiones de nulidad sobre las escuchas telefónicas y los registros, que ya anticipaban la línea de defensa. En primer lugar, los abogados tratan de tumbar la legalidad de los ‘pinchazos’ realizados a los investigados, elementos claves para una investigación que tuvo dificultades para montar vigilancias en calles estrechas.

Y, en segundo lugar, las defensas buscan eliminar el delito de pertenencia a organización criminal alegando que las plantaciones eran individuales. Esto es, los encausados admiten la existencia de los cultivos de cannabis, pero rechazan que la gestión perteneciera al clan en su conjunto e inciden en la particularidad de cada plantación.

“Sabíamos que teníamos una plantación, pero cada uno tenía la suya. Ellos no me contaban nada a mí y yo tampoco a ellos. Cada uno llevaba sus cuentas”, resumió de manera sencilla la acusada G. “Cada uno tenía su plantación y no había reuniones para vender”, apostilló el acusado M. “El barrio es chiquitillo y el 90 por ciento de la gente es familia”, explicó para negar la existencia de un grupo.

De considerarse esta posición, los acusados podrían evitar la acusación de pertenencia a organización criminal y también la notoria importancia, al dejar de sumar el conjunto de la marihuana para computarla en pequeñas porciones. Estos permitiría reducir el impacto de una posible condena.

Jerarquía y roles

Sin embargo, la Fiscalía Antidroga y la Policía Nacional sostienen que “se concertaron entre sí para con la finalidad de vender grandes cantidades de marihuana a terceros” y que diseñaron “una división de funciones dirigida al cultivo”. Es decir, no solo tenían una relación familiar entre ellos sino también el común objetivo de la distribución de droga. El 12 de noviembre, turno para la Policía.

La Operación Taifa generó un gran impacto por el volumen de detenidos y el despliegue de agentes de la Policía Nacional en el Cerro San Cristóbal, a pocos metros del centro de la ciudad. Los agentes localizaron 60.000 euros en metálico, 362 transformadores, 369 lámparas, 32 extractores de aire y 69 máquinas de aire acondicionado.

La causa cuenta con 23 acusados, aunque uno de ellos, identificado como R., permanece desaparecido. Posteriormente, operarios de la compañía Endesa, supervisaron las acometidas de 115 viviendas, hallando 96 de ellas conectadas directamente a la red de distribución. La Fiscalía avala la actuación de la Policía, que halló indicios de plantaciones por los enganches, los testimonios de confidentes y, posteriormente, por escuchas a los principales acusados.