Condenados 21 de los 22 acusados en el caso del Cerro de San Cristóbal

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería ha condenado a 21 de los 22 acusados en la denominada Operación Taifa, desarrollada por la Policía Nacional en julio de 2020. El caso estudia las responsabilidades de una familia en los cultivos de marihuana hallados por agentes de la UDYCO (Unidad contra las Drogas y el Crimen Organizado) en registros desarrollados en el Cerro de San Cristóbal (Almería). La Policía Nacional localizó 3.500 plantas de marihuana en los registros, tres pistolas y un revólver con los números de serie borrados, una escopeta y un rifle.

 La sentencia es un jarro de agua fría para las defensas. El tribunal condena a los acusados por delitos contra la salud pública, confesados por los principales acusados, pero añade también penas de prisión por pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas. Los acusados aseguraron que las plantaciones eran individuales y no estaban conectadas entre sí. Además, exoneraba a las mujeres de la responsabilidad sobre los cultivos.

De entenderse esta argumentación, los procesados habrían esquivado los delitos de grupo criminal y la agravante de notoria importancia, puesto que los decomisos no se considerarían en su conjunto sino por separado.  Por ello, la sentencia se esperaba con cierto interés en el mundo jurídico almeriense, ya que podría usarse en otros procesos similares contra el cultivo de marihuana en los barrios y, en particular, en entramados familiares.

Unidos

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Almería desinfla las esperanzas de las defensas. “Se interviene una importante cantidad de marihuana, algo más de 56 kilos, (...) cantidad esta suficiente para apreciar tanto su evidente destino al tráfico, como para considerarla de notoria importancia”.

La sentencia, consultada por LA VOZ DE ALMERÍA, afirma que “la mayor parte de los acusados, según ha relatado en los hechos probados, unidos, además, gran parte de ellos por vínculos de parentesco, actuaban de diferente forma, pero de común acuerdo y de manera concertada en el cultivo de la marihuana intervenida. Por tanto, el carácter de grupo con finalidad delictiva es evidente en los hechos enjuiciados”.

Las condenas oscilan en una horquilla de siete años y un mes de prisión para los principales acusados y los cuatro años y medio para personas un rol más secundario. El tribunal absuelve a  F. J., acusado inicialmente por la instalación de aparatos de aire acondicionado para otros acusados en la Operación Taifa. La sentencia se recurrirá al TSJA.