El jefe de la operación en el Cerro dice que la familia actuaba como una banda

Durante casi un año, la Policía Nacional vigiló los movimientos en el Cerro San Cristóbal. El barrio, convertido en una pequeña atalaya de calles estrechas, pendientes pronunciadas y escaleras, se había convertido “en uno de los barrios más activos” en el cultivo de marihuana.  Un foco de producción a pocos pasos del centro de la ciudad. Los agentes querían de cortar de raíz el narcotráfico en la zona.

La operación de la UDYCO se bautizó como Taifa, en referencia a los pequeños facciones musulmanas de Al-Andalus, y se explotó con registros domiciliarios y arrestos el 8 de julio del año pasado. Hoy, con 22 acusados sentados en el banquillo ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería, el caso gira en cierto modo sobre el poder del grupo.

Esto es, se discute si el clan familiar del Cerro San Cristóbal funcionaba como un reino Taifa con una dirección ejercida por A. L. y una estructura organizada para cultivar cannabis, como sostiene la acusación de la Fiscalía Antidroga, o, por el contrario, eran en realidad pequeños reinos Taifas donde cada uno tenía una plantación casera sin participar activamente del resto, como sostienen las defensas.

Este viernes compareció en la sala de vistas el jefe de la operación de la Policía Nacional. Su relato es clave para la resolución del proceso. “Al principio hablamos de una familia”, comenzó. “Pero no dimos cuenta de que interactuaban entre ellos y se repartían las labores. Luego, la venta la hacían personas más concretas”, explicó.

La Policía Nacional localizó 3.500 plantas de marihuana en los registros, tres pistolas y un revólver con los números de serie borrados, una escopeta y un rifle. La declaración del policía confirmó la enorme dificultad para entrar en un barrio bunkerizado. “Los seguimientos fueron cortos e intermitentes”.

El jefe de la investigación insistió en los problemas para montar grandes dispositivos de vigilancia en el barrio, una declaración que las defensas utilizan para desacreditar el rigor de la operación, pero se mantuvo firme en su relato sobre el funcionamiento.

Acusación

La Fiscalía, en consonancia con el relato de los agentes, afirmó en su escrito de acusación que “todos los acusados se concertaron entre sí con la finalidad de obtener grandes cantidades de marihuana para su posterior venta a terceros”. El jefe de la investigación insistió en que los investigados se repartían las labores, con distintos roles, y que la presunta cúpula se ocupaba de la comercialización del cannabis.

Esta explicación es refutada por las defensas. Los acusados buscan demostrar que la marihuana encontraba no tenían los mismos dueños y que eran individuales. De esta manera quieren librarse de los delitos de pertenencia a organización criminal y también tumbar la “notoria importancia” de la cantidad de marihuana hallada en algunas viviendas (en lugar de contar en conjunto, contar una a una).

El calendario de sesiones del juicio oral prevé otras dos sesiones el 26 de noviembre y el 9 de diciembre, aunque hay una decena de letrados personados y el trámite final de informes podría dilatar el desarrollo.

A. L. y J. F., principales acusados, se enfrentan a una petición de siete años y nueve meses de prisión. Entre los procesados hay parejas, personas señaladas como responsables de los enganches eléctricos y otras supuestamente especializada en el cuidado de las plantas de cannabis sátiva.