La asociación de consumidores Facua denunció a mediados del año 2016 en Granada la comercialización de un supuesto tratamiento milagroso para enfermedades graves y dolencias crónicas.
La empresa Hispakom captaba a ancianos en toda España con un presunto aparato magnético “para prevenir ictus o enfermedades cardiovasculares” entre “personas ancianas usuarias de servicios sociales o del sistema de teleasistencia”.
Facua consideró la propaganda engañosa y la comercialización del producto como una estafa y llevó el caso a las autoridades. La alerta activó un proceso judicial que ahora se ventila en el Juzgado Central de Instrucción número Cinco de la Audiencia Nacional.
El procedimiento abierto investiga a 17 personas por “la posible comisión de delitos continuados de estafa, revelación de secretos, falsedad documental, contra la Hacienda pública, y blanqueo de capitales” en 11 provincias españolas.
En la provincia
En Almería, los informes de la Guardia Civil extraídos del análisis de la documentación apuntan a la presunta existencia de 76 víctimas, todas ellas personas de avanzada edad.
Según la investigación, los imputados “se hacían pasar por empleados del servicio sanitario de la Junta de Andalucía” y concertaban citas con ancianos, usuarios de servicios sociales o del sistema de teleasistencia”.
Los indicios apuntan a la existencia de ofertas por la adquisición de material sanitario que, en realidad, escondían créditos al consumo con suculentos intereses. “Lograban que firmaran un contrato de crédito al consumo con una entidad para la financiación de la compraventa, sin ser conscientes de lo que realmente firmaban”, señala el procedimiento judicial.
“Los investigados para que esta no quedara reflejada en el contrato firmado con la entidad financiera, duplicaban el documento consignando como cantidad en efectivo una inferior a la realmente pagada”.
El rastreo
La Benemérita ha recogido documentos que sitúan el número de víctimas en 1.500 personas, buena parte de ellas en siete provincias andaluzas. El Tribunal Supremo resolvió a principios de abril una cuestión de competencia que otorgaba la investigación a la Audiencia Nacional.
Los investigadores creen que los encausados habían tejido un circuito para el blanqueo a través de sus cuentas bancarias. “Les hacían firmar un documento que les impedía desistir de la venta de los productos, encargándose uno de los investigados de retirar el embalaje para impedir que los perjudicados al darse cuenta del engaño no pudieran devolverlo”.
Además, las cantidades abonadas por los perjudicados “eran ingresadas en las cuentas de algunos investigados, desde donde se desviaba y se procedía a su blanqueo”.
La Guardia Civil ha conseguido acreditar 67 víctimas, aunque trata ahora de comprobar los pagos y los posibles contactos con el resto de “1.500 perjudicados” que aparecieron en los registros y la documentación.
No es una labor sencilla, ya que muchos de ellos son personas de avanzada edad y enfermos cuyos testimonios son complejos de recopilar. El dinero de los primeros 67 afectados asciende a medio millón de euros, según las primeras indagaciones.
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