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La síntesis de la auditoría de Deloitte publicada por la Diócesis de Almería, además de confirmar la cifra total de la deuda y desglosar el origen de los 28,6 millones que se deben, determina a qué cantidad de dinero debe hacer frente cada año.
Así, en este 2022 la Diócesis tendría que hacer frente al pago de 1,8 millones de euros: 900.000 euros correspondientes a la amortización de capital de la deuda directa y otros tantos correspondientes al “pago de la deuda indirecta y los intereses financieros de estos préstamos”.
Además, la Diócesis de Almería ha facilitado un calendario de pagos para la amortización de la deuda a lo largo de los próximos años. Y lo cierto es que el camino hasta lograr solventar la deuda es largo y duro.
No en vano, si en 2022 la cifra a pagar es de 1,834 millones de euros, en 2023 apenas baja: la cantidad será de 1,830 millones de euros. Ya en 2024 la cifra a la que la Diócesis de Almería tendrá que hacer frente descenderá hasta el millón y medio de euros, cifra que se repetirá en 2025.
A lo largo de los años, la cifra total a la que hacer frente irá descendiendo, poco a poco.
A la Diócesis de Almería le costará bajar del millón de euros, eso sí. En concreto, habrá que avanzar en el calendario hasta el año 2031 para encontrar una cantidad de solo seis cifras: en ese año, la Iglesia almeriense tendrá que afrontar el pago de 976.000 euros. El siguiente hito está aún más lejos: para bajar del medio millón de euros hay que viajar en el tiempo hasta el año 2050, cuando la Diócesis de Almería tendrá que afrontar el pago de 464.000 euros. Por el camino, habrá un descenso paulatino de la cifra a la que hacer frente, pasando por 630.000 euros en 2037; 644.000 euros en el año 2042; o 605.000 euros en el año 2047, por citar tan solo algunos ejemplos de forma completamente aleatoria, hasta llegar a los últimos 433.000 euros que la Diócesis de Almería tendría que pagar en el año 2051.
De esta forma, la Diócesis de Almería tiene treinta años por delante para afrontar una deuda generada en los últimos 12 años en gastos derivados de compras de inmuebles, obras y salarios del personal.
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