El pasado mes de junio, traficantes equipados con chalecos, pasamontañas y armas largas tirotearon a un grupo de agentes de la Guardia Civil desplegados en el entorno de Torregarcía (Almería) para evitar el desembarco de un cargamento de hachís. Los narcos esperaban la droga transportada en una lancha rápida desde Marruecos y, durante la operación, observaron la presencia de un vehículo sospechoso en el camino. Unos chicos en un lugar y en un momento inoportunos. La visita resultó decisiva. Cuando los traficantes se acercaron para comprobar entre amenazas la identidad de los ocupantes, detectaron más allá la presencia de guardias civiles y abrieron fuego contra los agentes.
El asunto acabó con una espectacular persecución de componentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ), el decomiso de casi una tonelada de hachís y la detención de 11 personas acusadas de delitos contra la salud pública y tentativa de asesinato. No hubo agentes heridos, pero el caso reveló la violencia aparejada a las bandas criminales de la droga en Almería y la proliferación de armas de fuego en un territorio castigado por la amenaza constante de la droga.
El control del armamento se ha convertido en un elemento clave en la lucha contra la criminalidad organizada y el terrorismo. Un factor de máxima relevancia. Así aparece, por ejemplo, en los últimos informes de la Fiscalía sobre el mercado del narcotráfico y su incidencia en territorios de gran exposición como Cádiz, Málaga o Almería.
Las organizaciones usan pistolas, revólveres, fusiles y escopetas con números borrados, movidas en el circuito clandestino. Es el mercado negro. Sin embargo, las armas han tenido antes un origen legal (salvo las manufacturadas o fabricadas artesanalmente por los propios criminales).
No son pocas. Según datos del Ministerio del Interior facilitados a LA VOZ, en la provincia de Almería hay actualmente censadas 53.384 armas de fuego, correspondientes a 27.000 licencias. Dicho de otro modo, existe un arma por cada 13 almerienses.
La inmensa mayoría corresponde a la licencia tipo D (armas largas para caza mayor), aunque hay también un amplio catálogo de armas de tiro olímpico, revólveres, pistolas y otras piezas dedicadas a la colección.
Delitos
Todo el control corresponde al departamento de Intervención de Armas de la Guardia Civil, con servicios centrales en la Comandancia de Almería y delegaciones en los puestos más importantes de la provincia. Los agentes se ocupan de registrar el número de piezas y licencias y verificar que se cumplen las medidas contempladas en la normativa. También la vigilancia de las armerías. El control del mercado es clave para saber cuántas hay y quiénes las poseen.
Estas armas son las censadas, las legales. Sin embargo, en los márgenes crecen otras piezas que alimentan a las redes criminales y suponen un auténtico peligro. Existen indicios para evaluar la auténtica dimensión de este fenómeno, aunque no se sabe a ciencia cierta cuántas pistolas ilegales circulan por las calles almerienses.
Los delitos de tenencia ilícita de armas, con frecuencia asociados a casos de narcotráfico y ajustes de cuentas, han subido en los últimos años en la provincia de Almería (un 26 por ciento en 2020).
El control de las armas es una prioridad en la lucha contra el crimen. Los servicios de Información se esfuerzan para cortar el tráfico ilegal y el reacondicionamiento de armas inutilizadas (en el mercado clandestina se intentan recuperar armas taladradas y sin registrar).
Según estadísticas oficiales de Interior, en toda España hay censadas unas 2,7 millones de armas de fuego (mercado legal), unas 124.000 pertenecen en las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado. Vigila unas 1.500 armerías.
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