El Defensor pregunta a la Junta por el impago de un premio a 5 niños almerienses

La oficina de Jesús Maeztu, Defensor de la infancia y adolescencia de Andalucía, ha admitido a trámite la queja presentada por Dolores Tapia, profesora del Colegio Virgilio Valdivia de Aguadulce, en nombre del equipo de cinco niños de este centro que ella coordinó, que ganó el año pasado un premio de la Consejería de Consumo pero que ahora la Junta se niega a pagar por la falta de un documento.

Maeztu ha respondido a la queja de la profesora para informarle de que reúne “los requisitos establecidos en la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz” y que “se han iniciado las actuaciones ante los organismos correspondientes”.

El Defensor añade que se ha solicitado a la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Almería que “aporte cuanta información disponga sobre los hechos” denunciados por la profesora, al tiempo que le comunica que en cuanto reciba la información solicitada de la Junta procederá a “analizarla” y volverá a ponerse en contacto con ella.

Como ha informado este diario, los cinco niños, Erik, Alejandro, Óscar, Julio y Jefferson, que hoy tienen 12 año y  que el año pasado estudiaban  sexto de Primaria  en el CEIP Virgilio Valdivia de Aguadulce, formaron el equipo ‘Ecoconsumidores’ y se proclamaron ganadores de la fase autonómica, en el nivel de quinto y sexto de Enseñanza Primaria, del concurso escolar 2021-22 Consumopolis 17, organizado por la Consejería de Salud y Consumo. Como ganadores debían recibir un premio de unos 260 euros por cabeza, mientras que el de la coordinadora debía ser del doble, aproximadamente. 

Proclamación oficial

Sin embargo, después de ser oficialmente proclamados ganadores por el jurado y de recibir un trofeo en una gala oficial celebrada en un hotel de Málaga en septiembre de 2022, la Dirección General de Consumo ha dictado recientemente una resolución en la que da por desistido al equipo almeriense al haber “apreciado que en la tramitación del expediente no se había aportado por la persona coordinadora la solicitud”, tal y como se requería en las bases publicadas en el BOJA del 25 de febrero de 2022. Esta resolución “pone fin a la vía administrativa”, por lo que si los niños quieren cobrar sus 260 euros tendrán que “interponer potestativamente recurso de reposición” o impugnarla “directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía”.

La Junta señala directamente a la coordinadora del equipo como responsable de la no entrega de la documentación necesaria, una ficha virtual, pero Dolores Tapia afirma que ella entregó todos lo documentos que le fueron solicitando, y madres de los menores han confirmado igualmente a este periódico que enviaron hasta en dos ocasiones distinta documentación, como DNI, Libro de Familia y una cuenta bancaria certificada.