Medio Ambiente emprende una guerra para acabar con los pozos ilegales

La existencia en la provincia de Almería de centenares de pozos y perforaciones que se realizan de forma irregular para buscar agua, en unos casos con destino al regadío y en otras para dar suministro a casas, urbanizaciones y otros equipamientos, se ha convertido en un problema importante para las administraciones.

Tan importante que desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (antes de Medio Ambiente) se ha decidido presentar batalla a unas prácticas que para el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, son “intolerables” en una coyuntura de escasez de recursos hídricos como es la actual.

Disponibilidad
Morán sostiene que en Almería, y en el conjunto del país, “siempre ha habido el agua que ha habido y evidentemente eso marca los límites de lo que se puede o no se puede hacer en cuanto al consumo del recurso”.

Por esa razón, considera que dada la situación meteorológica e hidrológica “tenemos que ordenar los usos del agua y para ello hemos de establecer elementos de seguridad jurídica”, sobre todo ante la  existencia de captaciones irregulares que, desde su punto de vista, pueden ser consideradas prácticas de competencia desleal”.

La situación es ahora más compleja que años atrás porque la sequía y la necesidad de regulación de los recursos hídricos está obligando tanto al Gobierno como a los organismos de cuencas hidrográficas a establecer limitaciones de los volúmenes de agua que se autorizan respecto a los derechos de los regantes.

Cumplir las normas 
Desde el Ministerio se entiende que no puede haber condescendencia con quienes se saltan las reglas del juego y obtienen de forma irregular un agua que para el conjunto de los regantes con derechos les supone un coste al que los ‘piratas’ no están aportando nada.

En base a esa consideración, el secretario de Estado, en declaraciones a La Voz de Almería, señala que esos otros regantes están produciendo con unos costes inferiores, desde la irregularidad y perjudicando la situación de los acuíferos con perforaciones y pozos sin control y sin los estudios previos realizados; “al final llevan sus productos al mercado y eso tenemos que considerarlo como competencia desleal”, indica.

Vigilar y actuar
Desde la Administración del Estado se está impulsando una campaña para controlar esas captaciones ilegales por parte de personas y empresas sin autorización. Se trata de que todos cumplan las mismas normas “y eso tiene que ser un concepto básico no sólo para el Ministerio, sino para todas las demarcaciones, cuencas y gestores del agua”.

Sanciones
Si se habla de control de los acuíferos subterráneos se habla también de las sanciones que los incumplimientos llevan aparejadas. Hace apenas una semana se daba a conocer la apertura de expedientes para cientos de pozos en el Campo de Cartagena. Es el principio de una campaña que llegará a todas las zonas, pero especialmente al sureste, donde se acumulan la mayor cantidad de pozos fuera de la legalidad.

En Almería la Junta, a través de su Servicio de Aguas, dependiente de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, reconocía la existencia de alrededor de un millar de perforaciones, un especie de ‘censo de pozos’ del que se tiene conocimiento por denuncias de la Guardia Civil, policías, la Guardería Forestal o de particulares.

El resultado de ese trabajo han sido cerca de 200 expedientes sancionadores en los seis últimos años, una cuarta parte por extraer más cantidad de agua que la autorizada. El récord lo tiene una empresa de Tabernas sancionada con casi un millón y medio de euros entre multa e indemnización por los daños causados.