Cientos de afectados por el retraso de un concurso de traslados de la Junta

El sindicato USTEA ha denunciado que la Junta de Andalucía ha retrasado, apenas diez días antes de la toma de posesión y después de que los trabajadores afectados hayan esperado meses, la ejecución del concurso de traslados del personal fijo o fijo discontinuo incluido en el ámbito de aplicación del VI Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración General.

Este retraso, del 1 de mayo al 23 de junio, publicado oficialmente por el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el pasado viernes 21 de abril, afecta a cientos de trabajadores de Almería y a miles en la comunidad autónoma, según los cálculos del sindicato. Muchos de ellos -expone- podrán verse muy perjudicados, sobre todo los que tenían que trasladar su domicilio a ciudades diferentes a las de su residencia actual, que habrán podido, por ejemplo, pagar mudanzas o alquileres de su nueva vivienda a partir de estos días, o habrán inscrito a sus hijos en colegios de la localidad de destino. Sin embargo, con solo diez días de antelación han conocido que ahora la ejecución del concurso se retrasa hasta el próximo 23 de junio. 

USTEA ha calificado este retraso de “chapuza” y ya ha convocado una concentración de protesta en Sevilla el próximo 2 de mayo. A

Pide dimisiones

Además, ha reclamado que la Junta de Andalucía asuma responsabilidades, y pide la dimisión del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto Ballesteros, y de la directora general de Función Pública, Natalia Silvia Márquez García. Al mismo tiempo, el sindicato anuncia acciones jurídicas y sindicales que quepan en derecho.

USTEA considera que la razón para este retraso “es doble pero estrictamente política: no contratar nuevos efectivos en los dos meses que quedan para finalizar el curso escolar en el área de Educación, y, sobre todo,intentar ocultar la falta de personal en los servicios públicos básicos que este concurso evidencia y que demuestra la falta de capacidad de gestión del gobierno andaluz”.

El sindicato plantea que esta decisión, comunicada a los sindicatos horas antes de su aparición en el  BOJA, supone, “perjuicios económicos que habrá que asumir. Personas que tenían contratados servicios de mudanza y alquiler deberán ser resarcidas de sus gastos. Además, la Administración debe revertir vacaciones que ya se estaban disfrutando y ceses efectivos”, señala.

“Estamos ante un caos que se hace en la Administración antonómica andaluza para minimizar los efectos electorales. Pocas veces hemos asistido a una politización tan burda de la Administración Pública de Andalucía por el Gobierno autonómico. Exigimos la efectiva independencia de la Administración y del Servicio Público en Andalucía”, concluye el sindicato USTEA, que además de iniciar una moviización en protesta por esta medida, ha puesto sus servicios jurídicos a disposición de los perjudicados “para que sus derechos puedan ser indemnizados”.