La Junta reta al PSOE de Almería a llevar al juez el caso ambulancias

“Señor Lorenzo, usted nos acusa aquí de haber hecho un ilícito. ¿no? Pues denúncielo. Denúncielo. Se va usted al juzgado y denuncie lo que usted cree que nosotros no hemos hecho bien”.

Este es el reto que planteó este jueves la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, al parlamentario socialista almeriense Juan Antonio Lorenzo, quien le reclamó en el Pleno explicaciones por una distribución “desigual” entre pueblos de ambulancias con mayor o menor equipamiento y de contratar el servicio por 105 millones de euros, “sin pasar por el Consejo de Gobierno ni fiscalización previa”.

Posturas diferentes

La titular de Salud planteó, en su respuesta al diputado autonómico, que todo se ajusta a la legalidad y a criterios técnicos, mientras que Lorenzo Cazorla insistió una y otra vez en denunciar esas y otras “incidencias” en el servicio de transporte urgente de enfermos. Unas denuncias que se vienen sucediendo desde el pasado verano y que, juntas, se hacen ya llamar ‘caso ambulancias’.

García, que sustituyó en el cargo al consejero (Jesús Aguirre) que tramitó bajo su mandato el polémico contrato en el año 2020, “en plena pandemia”, argumentó que el transporte se planifica “bajo criterios técnicos y de emergencia sanitaria, en función de la situación geográfica del resto de recursos asistenciales, como ambulatorios y hospitales.

Según informa Europa Press, la consejera de Salud y Consumo explicó también que el reparto de estas ambulancias lo hacen “equipos técnicos” que “se dedican a velar por que la distribución de los recursos dé cabida a toda la población de Almería”. “Hay lugares muy alejados donde el equipamiento es mucho mayor, porque su acceso a un hospital o a un centro sanitario está más lejano”, justificó la consejera.

Catalina García defendió los criterios empleados para distribuir los equipamientos de los que disponen las ambulancias, ya que el objetivo “no es que todo el mundo tenga el mismo equipamiento” dado que ello, ha aseverado, resultaría “inviable” y defendió, además, que desde 2018 el contrato de ambulancias en la provincia de Almería se ha incrementado en un 26,3 por ciento, de los 11 a los 16 millones de euros, como parte de la “garantía” en la mejora del servicio, con un “aumento del número de trabajadores” y “del servicio”.

“Desigual”

Desde las filas del principal partido de la oposición en Andalucía, Juan Antonio Lorenzo acusó a los gestores del Partido Popular de realizar una distribución “desigual” de la flota de vehículos de emergencia que atienden a la población de los 103 municipios almerienses, “puesto que 27 de las ambulancias que atienden urgencias vitales sí llevan equipamiento de última generación y otras 31 no lo llevan”. Todas estas cuestiones “nos parecen de gran gravedad”.

En un posterior comunicado, tras el Pleno del Parlamento, Juan Antonio Lorenzo Cazorla subrayaba que hace tres años, cuando tuvo lugar la licitación del citado contrato de 105 millones de euros, Catalina García era viceconsejera, el actual viceconsejero era gererente del SAS, quien ostenta ese cargo ahora era entonces director de Asistencia Sanitaria y el consejero de Salud en 2020 era el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre.

“Ninguna de estas cuatro personas ha explicado a los almerienses que autorizaron el gasto y licitaron ambulancias ‘de primera y de segunda’ sin fiscalización previa ni autorización por el Consejo de Gobierno y, además, que las contrataron sin baja alguna. Además, repartieron las ambulancias a su antojo, con criterios discutibles” y dependiendo de un interés “que no es el sanitario”, remarchó el representante del PSOE.