“Encontraron cocaína, heroína y una escopeta”: Se enfrentan a una pena de 5 años

Cuatro personas se han sentado hoy en el banquillo de los acusados de la Sala de Vistas 1 de la Audiencia Provincial de Almería para ser juzgados por un delito contra la salud pública, por el cual el Ministerio Fiscal solicita para los imputados 5 años de pena de prisión. La sesión de esta mañana ha acogido los testimonios de los agentes de Policía Nacional que en mayo de 2019, que participaron en la entrada y registro de dos domicilios situados en la Calle Buzo,11  y Calle Faro,15, respectivamente, ambos pertenecientes al barrio almeriense de La Chanca, en una operación que se saldó con el hallazgo de "bastantes cantidades de cocaína y heroína y una escopeta de caza Beretta en el inmueble de Faro, 15" según expuso la Fiscal P. Fernández. Asimismo, en la habitación donde los cuerpos policiales encontraron los estupefacientes "se encontraba V.G.J. con sus hijos menores de edad".

En su declaración V.G.J.  ha narrado a la sala que en aquel entonces, ella contaba con 18 años y tenía a su cargo 2 hijos, fruto de se relación con uno de los hijos de M.C. y J.P. Al encontrarse éste cumpliendo una pena en un centro correccional de menores, y tener la el permiso de comunicación con él, "el día siguiente al que se produjo el registro" se encontraba en el inmueble de Faro, 15 para poder asistir al encuentro con el padre de sus hijos. La Fiscalía se interesó si V.G.J. participó en la venta de narcóticos en ambos domicilios, acusaciones que la declarante negó.

Por su parte J.C.G. reconoció los términos del escrito de acusación del Ministerio Fiscal y ha asumido la existencia de droga en Faro, 15. Según las investigaciones policiales, J.C.G. actuaría como enlace entre el punto de venta de droga, en Buzo, 11, y el domicilio de Faro, 15, donde supuestamente vivían M.C. y J.P. Éste negó residir en el citado inmueble en el año 2019, "sólo" yendo a Faro ,15 para ver a los hijos que tuvo con M.C. y desconocer la existencia de los estupefacientes y el arma de fuego. La defensa de J.P. llevada a cabo por M. Martínez, ingirió en la vida personal y profesional del acusado en el año 2019, indicando que en el período desde el día de los hechos y siguientes, J.P. se encontraba preparando un "curso de monitor deportivo en un gimnasio y residiendo con su madre en el barrio del Quemadero". Esta versión coincidiría con el testimonio del entrenador de J.P. quien ha declarado que "después del entrenamiento, acompañaba a J.P. a la casa de su madre, que se encontraba enferma". Es por eso que M, Martínez, ha solicitado la libre absolución ya que "los policías lo único que identifican de mi cliente es que entra en sale en varias ocasiones; que se justifica por tener un hijo menor a su cargo y tiene que entrar a verlo. Sumado a que J.P. no es residente, ni propietario de la la vivienda. La propietaria es M.C." ha explicado Miguel Martínez a La Voz.

El instructor del atestado levantado el día de los dos registros, ha narrado que los compradores de drogas "conocían la conexión entre Buzo, 11 y Faro, 15", identificando estás como punto de venta y residencia de los vendedores . Asimismo el agente, que además participó en algunas de la vigilancias, constaba ante la intervención de la Fiscal que ha indicado que "tanto M.C, como su pareja J.P. utilizaban las dos viviendas para la venta de droga y se valían de personas interpuestas para llevar a cabo la venta". Asimismo, el Policía Nacional ha relatado que "al haber tenido M.C. detenciones anteriores por una plantación de marihuana y por otro punto de cocaína y heroína en Buzo, 11, habrían cambiado su 'modus operandi', modificando su domicilio, para evitar ser relacionada directamente". En relación a J.P. el oficial explicó a la Fiscalía que "no podría decir si vivía allí, pero se le veía mucho por el inmueble. Y el día del registro, abandonó con M.C. la vivienda antes del operativo".

El policía también explicó a la sala que producto del dispositivo de vigilancia constataron que existía un flujo de compradores entre los dos inmuebles, "al no abrirles la puerta en Buzo, 11, se dirigían directamente a Faro, 15". Algo que llamó la atención a la Policía Nacional, fue que este episodio se repitiese el mismo día del operativo de entrada y registro de Faro, 15. "Un comprador sin hablar con nadie, fue directamente desde Buzo, 11 a Faro, 15". Según consta en el atestado, leído por la fiscal, "habría sido V.G.J. quien abrió la puerta".

Tras haber escuchado a todas las partes, el abogado de J.C. ha solicitado la pena de 1 año y que se tengan en cuenta los atenuantes derivados de la adicción que sufría su cliente al momento de los hechos "que le afectaba a sus capacidades mentales, además de confesar su participación en los mismos".  C. Ferre, abogado de M.C. ha soltado 2 años de pena con el atenuante de 'dilaciones indebidas' y el de 'confesiones tardías'. El resto de las defensas han decido ir a definitivas, quedando así el juicio visto para sentencia.