La nueva desaladora del Levante abre otro cisma Gobierno-Junta

El proyecto de una tercera desaladora en el Levante almeriense ha provocado un cruce de acusaciones entre el Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y la Junta de Andalucía (Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural).

La planta desalinizadora se contempla como la tercera que abastecerá de agua a esta comarca después de estar a pleno rendimiento la de Carboneras y la de Villaricos en fase de reparación, tras la riada de septiembre de 2012. Sin embargo, a pesar de estar anunciada desde hace ya ocho meses, pocos avances ha habido al respecto.

Documentación

La causa de esa demora está en el eje de la polémica que protagonizan los departamentos respectivos de Teresa Ribera y la almeriense Carmen Crespo. Mientras el Gobierno aducía en las últimas horas que la Junta no le había facilitado ninguna documentación sobre esa desaladora a financiar con fondos europeos y después sostuvo que hay que realizar subsanaciones en el proyecto de carácter técnico, el Ejecutivo autonómico sostiene justamente lo contrario.

Para ello, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural aporta una prueba documental. El protocolo firmado entre Transición Ecológica y la Junta de Andalucía el pasado verano deja bien claro en uno de sus puntos que por parte del departamento de Carmen Crespo “se aporta toda la documentación disponible para agilizar la ejecución de las obras. Asimismo, colabora en la puesta a disposición de los terrenos donde finalmente se ubican las infraestructuras objeto del presente protocolo”.

Modificaciones

Así las cosas, desde el Ejecutivo central se mantiene ahora que en realidad lo que se espera son modificaciones del proyecto que puede permitir aportar a la sedienta Comarca del Levante almeriense hasta 30 hectómetros cúbicos de agua al año para abastecimiento y regadío y duplicar esa cantidad en una segunda fase.

El proyecto, en sí, fue promovido en su día por los propios regantes de la comarca, que en conversaciones con la Junta consiguieron inclusión una cesión de suelo para la ubicación de la desaladora. Después, acrecentándose el problema de la sequía, el Gobierno incluyó la obra en un decreto, con una cuantía económica de hasta 200 millones de euros para esa desaladora en Almería y otra en la Axarquía malagueña.

La financiación procederá del Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, según el acuerdo del Consejo de Ministros a principios del pasado mes de mayo del año 2023.

Acuamed y revisión

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, en una nota de audio enviada a los medios de comunicación, subrayaba que la obra ha sido asumida por la propia Administración central. “Acuamed ha revisado el documento técnico enviado por la Junta y se han realizado una serie de observaciones para que se cambiara el mismo y se adaptara a la normativa vigente. A día de hoy, la Junta no ha remitido el proyecto correctamente redactado ni la disponibilidad de terrenos”, dijo de manera literal.

El representante del Gobierno pidió que cada administración actúe en el ámbito de sus competencias y la Junta respondió que es el propio Ejecutivo de la Nación el que reconoce que es el gestor de la obra y que corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica redactar el proyecto, sacar a licitación las obras, adjudicarlas, etc.

En un teletipo de la agencia Europa Press se destacaba este martes que se ha recibido “esta mañana información sobre la obra de la de la Axarquía, en Málaga, en la que se da cuenta de la disponibilidad de terrenos”, pero “nada” de Almería.