Adif solicita el desalojo de las familias de las casas de la Renfe

Con las negociaciones en 'dique seco' de las indemnizaciones entre Adif y las familias que resisten aún en las viejas casas de la Renfe, la entidad pública que gestiona la red ferroviaria española ha iniciado un nuevo procedimiento judicial presentando una demanda, ante el Juzgado de lo Contencioso, en la que solicita autorización para ocupar las viviendas de calle Ferrobús con el objetivo de llevar a cabo en dicha zona las actuaciones previstas dentro de las obras del soterramiento.   

Adif quiere culminar el proceso de expropiación forzosa, ralentizado por la presencia de unas 30 personas que se niegan a abandonar dichas casas ante la imposibilidad de encontrar otra vivienda por falta de recursos, y por ello pretende acelerar el desalojo de estos inquilinos que resisten todavía en estas viviendas, cuya construcción data de año 1957, a la espera de que la entidad pública empresarial les ofrezca una indemnización acorde a sus peticiones. Algo que, por el momento, está lejos de producirse.

Este nuevo proceso judicial, que es independiente al tema de las compensaciones, deja a los representantes legales de los inquilinos unos días para presentar alegaciones y en base a las mismas un juez tendrá que decidir si acepta la solicitud de Adif o, por el contrario, decide rehusar dicha petición, escenario que obligaría a la entidad a dialogar con los arrendatarios afectados por la expropiación forzosa para alcanzar finalmente un acuerdo en relación a las cantidades compensatorias para que dejen las casas lo antes posible.

Sin embargo, en el caso de que el auto judicial sea favorable a la petición de Adif, los inquilinos tendrían como última opción recurrir a la Audiencia Provincial para evitar ser desalojados. Además, también perderían la opción de disponer de la indemnización, sea cual sea finalmente su cantidad, en un corto plazo de tiempo, algo que sí podría ocurrir si fraguan las negociaciones entre ambas partes en las próximas semanas y así se evita un procedimiento ordinario que se alargaría meses. 

Adif "no quiere negociar"

Los inquilinos solicitan compensaciones que irían desde los 15.000 hasta los 20.000 euros. Cifras a las que, por el momento, no parece estar dispuesta a llegar Adif, que ya remitió las Hojas de Precios en las que se especifica que por 12 meses de alquiler que restan de contrato a una de estas familias, le corresponderían 4.200 euros (350 euros al mes), aunque se le aplicaría un premio de afección del 5% que le haría sumar 210 euros más. A ello habría que añadirle el servicio de mudanza, que se tasa en 600 euros, por lo que estos vecinos en concreto recibirían un importe de 5.010 euros en total.

Cabe recordar que son familias en riesgo de exclusión social, con recursos muy limitados y con pocas posibilidades de poder encontrar otras viviendas de alquiler debido a los precios que se mueven en el mercado actualmente. Es por ello que, aunque siempre han defendido que no están ahí "por gusto" y han dejado claro en multitud de ocasiones que celebran el avance del soterramiento "por el progreso de la ciudad", aguantan bajo ese techo porque "no encontramos otra opción". 

En este proceso de negociación tomará protagonismo el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, que deberé establecer una cantidad justa para los inquilinos teniendo en cuenta las tasaciones realizadas por las dos partes, que quieren evitar a toda costa que este asunto llegue a los tribunales, ya que un contencioso administrativo podría alargarse demasiado y perjudicar tanto los planes de ADIF, en relación al soterramiento, como a las propias familias.

Representantes de estas familias aseguran que desde que empezó todo este proceso "Adif no ha querido negociar" y no entienden la celeridad que tiene la entidad pública empresarial por desalojar a los inquilinos cuando consideran que "las obras del soterramiento pueden continuar sin problemas sin necesidad de derribar etas casas ahora".