A la espera, entre vallas y ‘trincheras’, de una decisión que se demorará meses

La maquinaría sigue trabajando a buen ritmo en las obras del soterramiento en la capital, desde hace semanas bajo la sombra de un puente de la Avenida del Mediterráneo que tiene fecha de caducidad. Diariamente muchos caminantes se paran y se asoman desde arriba a observar los avances de una actuación que está cercando cada vez más las viejas casas de la Renfe, donde aún resisten varias familias de inquilinos que no han podido dejar, por falta de recursos para poder aspirar a otro techo, estas viviendas expropiadas forzosamente.

Al gran socavón preparado para albergar el último tramo del túnel desde el que saldrá el AVE rumbo a la estación, se han unido ahora en el entorno decenas de vallas desde la N-344, bajando la calle de la Plenoil y hacia Ferrobús, acotando los espacios para facilitar la entrada de máquinas y camiones y cercando a unos vecinos que empiezan a notar la llegada de un destino inevitable: hacer las maletas, dejar las casas y ver cómo son reducidas a escombros por la llegada de la Alta Velocidad.

Autorización para ocupar las viviendas

Desde sus ventanas, en las que aún ondea la ropa tendida, esperan entre vallas y 'trincheras' una decisión que aún podría demorarse meses. Esto es lo que intuyen los representantes legales de los inquilinos. El pasado mes de mayo ADIF iniciaba un nuevo procedimiento judicial presentando una demanda, ante el Juzgado de lo Contencioso, en la que solicitaba autorización para ocupar las viviendas Ferrobús, pero todo hace indicar a que la respuesta judicial no será notificada hasta posiblemente septiembre, teniendo en cuenta el parón durante el mes de agosto.

A ello hay que sumarle que, en el caso de que no sea favorable para la entidad pública empresarial, la marcha de las 30 personas que siguen viviendo todavía en las casas de la Renfe, cuya construcción data del año 1957, seguiría demorándose. Mientras, el otro escenario, el que dejaría vía libre al desalojo, daría una última bala a los vecinos que frente a dicha autorización tendrían la posibilidad de presentar un recurso ante la Audiencia Provincial. En cualquier caso, "rápido no va a ser", creen.

Sin negociaciones

La fecha en la que Adif tomará posesión definitivamente de las viviendas sigue siendo a día de hoy una incertidumbre. Hay que recordar además que en paralelo a este proceso judicial también existe la posibilidad de que ambas parten negocien una cantidad económica a modo de compensación, pero por el momento esta vía para solucionar la situación está en 'dique seco'. 

Los inquilinos solicitan compensaciones que irían desde los 15.000 hasta los 20.000 euros. Cifras a las que, por el momento, no parece estar dispuesta a llegar Adif, que ya remitió las Hojas de Precios en las que se especifica que por 12 meses de alquiler que restan de contrato a una de estas familias, le corresponderían 4.200 euros (350 euros al mes), aunque se le aplicaría un premio de afección del 5% que le haría sumar 210 euros más. A ello habría que añadirle el servicio de mudanza, que se tasa en 600 euros, por lo que estos vecinos en concreto recibirían un importe de 5.010 euros en total.

Todas son familias en riesgo de exclusión social, con recursos muy limitados y con pocas posibilidades de poder encontrar otras viviendas de alquiler debido a los precios que se mueven en el mercado actualmente. Es por ello que, aunque siempre han defendido que no están ahí "por gusto" y han dejado claro en multitud de ocasiones que celebran el avance del soterramiento "por el progreso de la ciudad", aguantan bajo ese techo porque "no encontramos otra opción".