Los menores inmigrantes que llegan a las fronteras almerienses pueden haber sufrido, antes de pisar suelo español, de violencia intrafamiliar o comunitaria. También es posible que lleguen de contextos desestructurados y pobres, donde ya se han acostumbrado a que les rujan las tripas. Quizás se hayan embarcado con el objetivo de solicitar asilo porque su país de origen no puede garantizar su seguridad. O puede que hayan tenido la mala fortuna de convertirse en víctimas de trata.
Cada uno de los casos mencionados son perfiles reales con los que se han encontrado los voluntarios de Save the Children, una de las ONG que atiende a los niños y niñas que arriban Almería huyendo de la precariedad y la inseguridad. Desde la organización, denuncian que no siempre cuentan con todos los recursos para poder prestarles el servicio deseado a los pequeños.
En Almería
El perfil mayoritario que cruza la frontera a través de la provincia de Almería es el menor de entre 12 y 17 años que llega por mar. Es decir, aquel cuya embarcación llega directamente a tierra o el que es interceptado y rescatado en altamar y traído a la costa.
Suelen ser menores procedentes de Marruecos y Argelia, aunque en la actualidad ha aumentado también el registro de menores de Siria o Mali. “Son países en situación de conflicto que ya comenzaron a entrar por Ceuta, Melilla y Almería al inicio de las crisis y ahora los estamos volviendo a recibir”, explica Bárbara González del Río, encargada del programa de Infancia en Movimiento dentro de la ONG, quien también señala que prestan especial atención a dichas nacionalidades por ser potenciales solicitantes de asilo.
Pero no solo las guerras otorgan esta etiqueta: “Otras causas por las que se puede solicitar asilo son la persecución política, la orientación sexual o cualquier otra razón que ponga en situación de peligro al menor y en la que el Estado no pueda garantizar su seguridad”, explica la portavoz.
Desde la frontera
En lo que va de año, Save the Children ha atendido en Almería a 251 menores, de los cuales 199 eran menores no acompañados varones y solo cinco eran niñas no acompañadas. “El perfil mayoritario es masculino debido a la cultura del propio país de origen: el hombre es el que tiene que proveer, mientras que la mujer, más cuidadora, debe quedarse en casa”, señala González del Río. A esto se le suma, cuenta, que “el trabajo que hace España en frontera todavía adolece muchísimo de la detección de vulnerabilidades y de la detección de minorías de edad y sexo. Es decir, muchas veces se confunden a las niñas con niños”.
La ONG ofrece un servicio en frontera por el que intenta, en muy poco tiempo, crear un vínculo de confianza con el menor para detectar necesidades y riesgos y así trasladar la información a la autoridad competente, que, en este caso, es la Policía Nacional. “Imagínate un chaval de 12 años que ha llegado solo. Nosotros le explicamos quiénes somos, le damos información sobre dónde están, cuáles son sus derechos, que es probable que pase después...”, enumera. Pasadas 72 horas, tiempo máximo en el que una persona puede estar en la frontera, los menores son derivados a centros de protección infantil.
Qué pasa después
La ONG también actúa una vez abandonan el puerto. Hay una responsabilidad del Estado y de la comunidad de facilitar la inclusión de los menores que están entrando por estas rutas. “El problema en Almería es que no hay suficientes recursos y que hay veces que los chavales acaban en situación de calle. Nosotros intentamos ser una red de apoyo para ellos y facilitarles su inclusión social”, relata Bárbara.
Para ello, realizan rutas de calle por distintos barrios de Almería y organizan actividades para acompañarles en su tránsito a la vida adulta. Independientemente de la situación administrativa en la que se encuentren estos menores, "tienen derechos ratificados en la Convención de Derechos del Niño que deben ser respetados", advierte González del Río.
Para ella, sobre todo se trata de una cuestión moral, aunque no hay que olvidar que, según el último informe que publicó el Banco de España, "no se debe perder la oportunidad económica de acogerlos". Según los cálculos de la institución, España necesitará casi 25 millones de inmigrantes en 2053 en edad de trabajar para compensar el envejecimiento de nuestro país. "La mayoría son chicos y chicas que llegan por necesidad y que vienen con el proyecto y la motivación de trabajar", reconoce la encargada de Infancia en movimiento.
Los prejuicios sociales no son la única traba que estos niños tienen al llegar al país. La falta de recursos residenciales y de programas de educación y formación son gran piedra en el zapato que no deja de restarles oportunidades. "Si tú miras las cifras de la edad en la que los jóvenes españoles se independizan a día de hoy te darás cuenta de que se ha ido retrasando muchísimo. Y en cambio a estos chicos les estamos pidiendo que ya a los 18 años sean personas autónomas con un sueldo con el que puedan mantener un hogar y que tengan habilidades para la vida adulta", denuncia.
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