“Somos los que peor estamos de toda España”: el sistema de dependencia colapsa

"Un minuto de silencio por las personas que han fallecido esperando a ser atendidas en el sistema de atención a la dependencia". Conciso, directo y tan crudo como la realidad que miles de personas sufren cada día en una lista interminable de hogares. Se trata de la primera frase con la que arranca el manifiesto del Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social, un documento con el que los empleados del sector exponen el colapso de un sistema de atención a la dependencia que no funciona.

Teléfonos que no dejan de sonar, interrogatorios interminables sobre el estado de las solicitudes, listas de espera que no avanzan y personas mayores que pasan sus últimos días desatendidas y en unas condiciones que vulneran sus derechos humanos: son los ingredientes de un cóctel Molotov que la política andaluza, a raíz del cambio de modelo de gestión del Sistema de Atención a la Dependencia, no ha hecho más que potenciar.

Una ley mayor de edad

El pasado 14 de diciembre la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia cumplió los 18 años; una mayoría de edad que, como denuncia el Consejo, ha llegado con la decadencia del sistema de nuestra comunidad autónoma. Peor aún ha calado el nuevo Decreto Ley de Simplificación Administrativa impulsado por la Junta en marzo "sin precio acuerdo ni formación de los profesionales que debían ponerlo en marcha".

Como resultado, Andalucía es la comunidad autónoma con las listas de espera más largas de toda España: 618 días; una condición que, según los datos ofrecidos por los sindicatos el pasado octubre, afectan a un total de 3.400 almerienses. Esta realidad, sumada a la precariedad de su oficio, es lo que denuncian los colegios de trabajadores sociales, que piden una reforma del decreto impulsado por el Gobierno de Moreno Bonilla.

Mejoras que urgen

Antes que mejorar la situación, la entrada en vigor del decreto de simplificación administrativa "ha complicado muchas cosas", denuncia Concepción Zurita, presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Almería. En primer lugar, enumera, ha paralizado miles de expedientes anteriores a la aprobación del texto, "que ya venían sufriendo retrasos en su tramitación". En lugar de impulsar la resolución de sus casos, la nueva normativa "prioriza solicitudes que han entrado en un momento posterior a la aplicación del decreto y las sitúa por delante de otras que estaban antes", explica la presidenta.

De esta forma, son muchas las personas que, aun estando en lista de espera, no ven llegar el momento en el que se las atienda. El deseo de saber el estado de su expediente y la angustia impulsada por la necesidad de recibir dichos servicios provocan el colapso en los centros de servicios sociales comunitarios, sedes a las que acude la población en masa para obtener información de primera mano. "A veces no podemos suministrarles esos datos porque muchos de los centros no tienen acceso a la nueva aplicación informática".

"El problema es que nos estamos viendo desbordados al tener que paliar las consecuencias de un sistema que no funciona y atendiendo a situaciones de urgencia social que podrían haberse evitado", señala Zurita, quien también apunta el problema de la "externalización y privatización del sistema, así como la reducción de responsabilidad pública" que sufre su sector como una realidad que es necesario frenar. 

Si bien las cifras son ya de por sí alarmantes, la presidenta advierte que hay que mirar más allá de los números: "No es solo que haya tantas personas esperando, sino que también hay que pararse a analizar cómo se ha atendido al resto de personas. En qué condiciones, y si se le destinan los servicios que realmente necesita, porque muchas veces nos encontramos en situaciones muy precarias, tanto por la parte asistencial como por parte de los responsables a la hora de cumplir objetivos", lamenta.

Y es que el decreto, denuncia, destruye también el modelo que sitúa a la persona y sus necesidades en el centro de la intervención: "Esto repercute en la calidad de atención que recibe la ciudadanía, porque hasta ahora se hacía un estudio previo de cada caso. Cada persona es única, tiene su historia y para conocer qué necesita necesitamos hacerle un diagnóstico, un informe social y una prescripción personalizada", reivindica la responsable en Almería, que lamenta que "ahora solamente se haga un informe técnico de visita". 

Así, mientras que las peticiones de su manifiesto no se cumplen, las familias y personas necesitadas siguen buscando unas soluciones que no siempre están al alcance de la mano. Sin ir más lejos, desde enero de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2024 fallecieron en Andalucía 83.254 personas cuyos expedientes estaban pendientes de resolver. "¿Qué hacen las personas que no se pueden pagar un servicio privado? Sus situaciones cada vez se hacen más vulnerables, más crónicas y muchas veces se convierten en casos urgentes que se podrían haber evitado. Resisten hasta que no pueden más", concluye.

Fotografía de IgorVetushko descargada de www.depositphotos.com