La justicia sigue siendo muy lenta

La última memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía indica que se ha producido un incremento de un 42 por ciento de suspensiones de juicios en la provincia de Almería. Son casi 13 mil y están ubicados, mayoritariamente, en la jurisdicción Social y Civil. Estamos hablando de señalamientos que se prolongan hasta casi tres años en el tiempo. El origen de este colapso, que se ha convertido en endémico, lo encontramos en la sobrecarga de trabajo, la falta de medios humanos y materiales, con un insuficiente número de juzgados que puedan dar salida al volumen de trabajo. 

El Tribunal Constitucional ha manifestado en varias ocasiones, incluso a través de sentencias, que un sistema judicial eficiente tiene que ser capaz de gestionar su carga de trabajo y los retrasos, aunque esa deficiencia no sea imputable al órgano judicial. Los ciudadanos tienen que tener garantizado el derecho a obtener la resolución de su litigio en un tiempo razonable, de lo contrario, “se incurriría en una vulneración de derecho”. Transcurrida la primera cuarta parte del siglo XXI, la justicia esta incumpliendo esta máxima del Constitucional. En muchos casos, hay que reiterar, que nos encontramos con una dilación indebida que vulnera el derecho a la tutela jurídica efectiva, en su vertiente de obtener una resolución en un plazo razonable. 

La Comisión Europea lo dejó claro hace dos años en el informe “The 2022 EU, justice scoreboard”, donde afirmaba algo que se mantiene hoy en día: España es uno de los países de la Unión Europea con menos jueces y con más retrasos en la ejecución de las sentencias. El estudio señalaba que los órganos jurisdiccionales no eran capaces de dar salida a todos los asuntos que entraban en sus oficinas. 

En los informes que emite la oficina del Defensor del Pueblo, también se pone de manifiesto que las quejas por dilaciones injustificadas no paran de aumentar. Este anómalo funcionamiento de la justicia provoca que, según reconoce el Consejo General del Poder Judicial, los errores o dilaciones cuesten cada año más de tres millones de euros en indemnizaciones.  A pesar de ellos, sorprende que España no esté entre los últimos países de la Unión Europea en inversiones en materia de justicia, lo que hace suponer que los recursos económicos que se destinan no están bien invertidos.

En Almería hay 70 mil asuntos pendientes. Destacan los casi 40 mil por la vía civil, y los 15 mil por la penal. En el último año, se notificaron casi ocho mil delitos, con una media de 20 diarios, y se impusieron un total de 16 mil penas. Los delitos que más se comenten en esta provincia son los de tipo económico: los robos, las usurpaciones, las defraudaciones, las estafas y los daños materiales. También destacan los delitos contra la seguridad colectiva y vial, los que producen lesiones y los que atentan contra la libertad.  

Si hablamos con los protagonistas del sector judicial: abogados, jueces, procuradores y funcionarios, reconocen que existe una situación muy difícil, con retrasos que suponen más del doble del tiempo razonable. Todos coinciden en la necesidad de aumentar el número de juzgados y de trabajadores que puedan desbloquear el colapso de la justicia. Es cierto, que nada ha beneficiado las huelgas desarrolladas en los últimos meses por los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), jueces, fiscales y funcionarios de justicia que, en la mayoría de los casos, reclaman subidas salariales; ni los mecanismos establecidos para evitar contagios tras la llegada de la pandemia del COVID.

Estos retrasos que afectan directamente a los ciudadanos son elevadísimos. En los juzgados de Lo Social se señalan juicios para dentro de cuatro años. Pongámonos en el caso de un trabajador que reclama una indemnización a una empresa y que tiene que esperar casi 1.500 días para saber si obtendrá esa indemnización y ver la solución a su litigio, un problema que deja a esa persona y a su familia en una situación de inestabilidad e inseguridad social, laboral y económica; o el de una persona que sufre una invalidez y tiene que estar 1.200 días para conocer si es posible obtener respuesta a su deficiencia física o psíquica, que le impide desarrollar una determinada función en condiciones normales, y un reconocimiento legal a su situación. 

Los expertos consideran que el plazo idóneo no deben superar los cinco meses en los asuntos civiles, que en esto momentos se prolongan hasta un año en ser juzgados, lo que supone duplicar el tiempo de espera de los encausados. Esto significa que muchas personas tienen que mantener por un periodo de tiempo elevado la duda sobre la solución de un arrendamiento de una vivienda, un contrato, una reclamación, una sucesión o un derecho de familia o matrimonial. Un hecho que provoca consecuencias emocionales en las víctimas de daños físicos causados por una o varias personas, por instituciones, animales o grupos minoritarios que han usado la fuerzas física o psicológica para imponer u obligar a los perjudicados a hacer algo que va contra su voluntad. No olvidemos el peligro que supone la violencia doméstica, con abusos o maltratos sobre personas vulnerables, perjudicando su integridad física o psicológica.

Daños en una relación familiar o íntima que pone a las víctimas en situaciones muy difíciles de superar. Cada día más nos enteramos de la violencia sexual que sufren muchas mujeres, que necesitan una rápida asistencia y una pronta protección ante la actitud de sus agresores que, en ocasiones, provocan la pérdida de la vida de la persona perjudicada. O la violencia económica que ejerce un miembro de una pareja que se niega a pagar una pensión alimentaria para atar de pies y manos a, en un determinado caso, a una mujer que tiene que arrastrar la manutención de sus hijos, después de iniciar un proceso de separación o divorcio.

No menos importante es buscar una salida rápida para delitos leves. El tiempo adecuado no debe superar el mes y medio y, en la actualidad, duran más de dos meses en solucionarse.

Y lo mismo sucede con los casos penales, donde aparecen las amenazas, el robo, la coacción, las drogas, la ocupación, la estafa, las lesiones o la alcoholemia; y del Contencioso-Administrativo, contra lo que consideramos actuaciones injustas por parte de la administración. En ambos casos, los retrasos se prolongan en el tiempo más haya de dos años y medio.

Es cierto que cada año se incrementa el número de juzgados, pero los aprobados son insuficientes para sacar adelante todo el trabajo. Tampoco se ha solucionado el problema los refuerzos de tarde, con el aumento de horas extras realizadas por los funcionarios de justicia, por lo que se impone la dotación de nuevas plazas de trabajadores.

Lo que está claro es que hay que buscar una solución drástica que acabe con estos retrasos que lo que hacen es perjudicar a un estadio democrático como el nuestro.